El consejero de Estado, Juan Enrique Bedoya, admitió la demanda que interpuso el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos, contra nueve congresistas salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El recurso llegó contra los senadores Martha Peralta, Sor Berenice Bedoya, Julio Elías Chagui, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, y los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.
La demanda fue rechazada el pasado 26 de enero, pero fue corregida después de que Bustos presentara la acreditación de la elección de varios congresistas y certificó el envío de la subsanación a los demandados.
Así fue como el magistrado Bedoya finalmente admitió “la solicitud de pérdida de investidura presentada por Pablo Antonio Bustos Sánchez en contra de los senadores Martha Isabel Peralta Epieyú, Sor Berenice Bedoya Pérez, Julio Elías Chagui Flórez, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya y de los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto”.
El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pretende con esa demanda de pérdida de investidura que los nueve congresistas respondan por el cargo de tráfico de influencias por el caso UNGRD.
Ahora los nueve congresistas implicados en este proceso administrativo tienen cinco días, después de la notificación de la providencia, para pronunciarse por escrito sobre las causales demandadas y aporten o soliciten las pruebas necesarias para su defensa.
Los procesos de los demandados
Los congresistas Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Liliana Bittar, están siendo investigados en la actualidad por la Corte Suprema de Justicia, en el escándalo relacionado con los supuestos contratos que salieron de la UNGRD a cambio de votos a favor de los proyectos del Gobierno.
Los exdirectores de la Unidad de Gestión, Olmedo López y Sneyder Pinilla, han insistido en que con los contratos de esa entidad se habrían buscado para beneficiar a los legisladores, a cambio de que votaran por los empréstitos que solicitara la Nación.
El senador Julio Elías Chagui, según María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, era una de las prioridades para el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco; el congresista del Partido de la U habría sido el artífice de destrabar lo que estaba pasado en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Chagui era una pieza importante en este esquema pues era parte de la Comisión Primera, de asuntos legislativos, y según el testimonio de Olmedo López, a través de ese congresista también se canalizaba la compra del apoyo de dicha comisión.
Por su parte, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, ha sido señalada por la Fiscalía como una de las congresistas a las que el exministro Velasco habría contactado para impulsar la reforma pensional, pero le habría enviado a Olmedo López para que le ayudará en lo que ella necesaritara para ampliar las mayorías del Gobierno para aprobar dicha reforma.
La senadora Sor Berenice Bedoya también tiene una investigación en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Corte Suprema, y hasta el propio Olmedo López ha declarado en el proceso que avanza contra la congresista del partido Social Independiente.