De contratos de la UNGRD a dinero en efectivo: así cambió la orden de Carlos Ramón González para sobornar congresistas, según la Fiscalía

Un dato pasó de agache durante la aclaración que le hizo la Fiscalía General a la defensa del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González Merchán, en medio de la audiencia de acusación por su participación en el escándalo de corrupción que sacudió la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Para el fiscal, Gabriel Sandoval Vargas, los testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, coinciden en señalar que las órdenes de Carlos Ramón González para sobornar congresistas tuvieron varios cambios en pocas semanas.

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En un principio, el director del Dapre —una de las entidades más poderosas del Gobierno— habló de 60.000 millones de pesos, cifra que debía ser distribuida entre el presidente del Senado, Iván Name, y el de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con el fin de que agilizaran los debates y votaciones de proyectos de interés del Ejecutivo.

“Olmedo (López) fue enfático (…) en sus interrogatorios en señalar que Carlos Ramón González Merchán lo contactó para conseguir contratos por 60.000 millones de pesos de la UNGRD”, reseñó el fiscal auxiliar. 40.000 millones de pesos —continuó— eran destinados a Iván Name, y los otros $20.000 millones a Calle.

Sin embargo, poco tiempo después —y por orden del mismo Carlos Ramón— la búsqueda de contratos cambió y “mutó” a dinero en efectivo.

El monto del dinero también cambió por decisión del director del Dapre, quien le aseguró a Olmedo López que el senador Iván Name iba a recibir, entonces, 3.000 millones de pesos, mientras que el representante Iván Calle iba a obtener 1.000 millones de pesos.

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Lo que no cambió fue el objetivo final de la entrega de los sobornos. “Lo que se compró a través de ese cohecho fue la función de los presidentes de Senado y Cámara para el segundo semestre de 2023, que se encaminaba básicamente a facilitar el debate de los proyectos de ley presentados por el Gobierno, utilizando precisamente sus funciones establecidas en la Ley Quinta, que no son otras que agendar, convocar, presidir, dirigir, suspender o levantar las sesiones plenarias”.

Entre los proyectos de ley en los que se aplicó la denominada “agilidad” para su votación se encontraban “el convenio relativo a la revisión del convenio sobre protección de la maternidad (...), el proyecto por medio del cual se aprueba la Convención Mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior (…) y otro que aprobaba el convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe”.

El 21 de septiembre de 2023 —aclaró el fiscal ante las preguntas planteadas por el abogado Iván Cancino— el director del Dapre, —según varios testimonios— dio las órdenes definitivas para “materializar” el plan.

Esta orden se emitió en la Casa de Nariño, en antesala a un consejo de ministros. En una corta conversación, que quedó registrada en las cámaras, Carlos Ramón González le señaló a Olmedo López y a la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, qué era lo que tenían que hacer para enviar el dinero en efectivo.

“Los 4.000 millones de pesos salieron mediante recursos públicos”, reiteró el delegado del ente investigador. Parte del dinero en efectivo fue transportado en vehículos que hacían parte del esquema de seguridad de Sandra Ortiz.

La exconsejera Sandra Ortiz ha denunciado falta de garantías en la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Foto: juan carlos sierra-semana

Finalmente, y aclarando otra de las dudas presentadas ante la adición del escrito de acusación, el representante del ente persecutor del delito señaló que existió el movimiento de “coimas” por las gestiones que se adelantaron.

“El porcentaje de la coima sí fue el mecanismo utilizado por el autor material del delito, en este caso Olmedo López, director de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector de la misma entidad, para cumplir la orden dada al primero de ellos por parte de Carlos Ramón González, director del Dapre”, explicó.

“La orden dada por Carlos Ramón González Merchán a Olmedo López fue que el director y ordenador del gasto de la UNGRD obtuviera los recursos para ‘cohechar’ a Name y a Calle.

La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González, —quien se encuentra fuera del país desde hace más de un año—, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (sobornos a servidores públicos), peculado por apropiación y lavado de activos.

En la audiencia, en la que estuvo de manera virtual, el exfuncionario cuestionó lo dicho por la Fiscalía, asegurando que la acusación está llena de “absurdos” y “falsedades”.

“Para mí hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. No la puedo aceptar porque no es válida (…) Estamos ante una incriminación frente a unos hechos que se juzgaron por otro lado, que unos señores confesaron, y por arte de (inentendible) yo fui el autor de todo. Yo no puedo aceptar eso”, aseveró el exdirector del Dapre, quien estaría asilado en Nicaragua.

La Corte Suprema reconoció como víctimas a la Contraloría General, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, la UNGRD, así como el movimiento indígena nación wayúu y la comunidad indígena Poporú-Sector Murujujuy.