El homicidio del periodista Cristian Herrera, registrado el pasado sábado 6 de junio de 2026 en Cúcuta, Norte de Santander, mantiene la atención de las autoridades judiciales. El ataque se produjo mientras el comunicador se desplazaba en compañía de su núcleo familiar por un sector urbano de la capital departamental.
La Policía Nacional capturó de forma preliminar al presunto autor material del crimen y a sus colaboradores directos. De acuerdo con las primeras líneas de investigación de la Fiscalía General de la Nación, la orden para ejecutar el atentado se habría emitido desde el interior de un centro penitenciario.
La pareja sentimental de la víctima, Karla Niño, describió a Noticias Caracol que el suceso ocurrió durante una salida familiar rutinaria para recoger un aditamento médico para su hija. El periodista descendió del vehículo por la puerta del conductor cuando fue interceptado por el agresor.
Testimonio de los hechos y reacción familiar
La ciudadana Karla Niño explicó que “Escuché detonaciones que confundí con juegos pirotécnicos. Al ver a Cristian intentar protegerse, comprendí la situación; él caminó hacia nosotras manifestando que lo habían herido y se desplomó de manera inmediata frente a su hija”.
Niño relató que su hija intentó seguir al atacante en un primer momento, lo que obligó a detenerla debido a que el sospechoso aún apuntaba con el arma de fuego. Según la declaración, el conductor de la motocicleta observó a los familiares antes de retirarse del lugar de los hechos a velocidad moderada.
La testigo describió las maniobras de auxilio primario que intentó aplicar sobre las heridas de la víctima antes de que perdiera el conocimiento. El hijo menor del periodista presenció la escena desde el balcón de una vivienda cercana tras escuchar los impactos de bala.
“Sentía que el mundo pasaba supremamente lento y él, entre el vómito de sangre que tenía, al balbuceo de sangre, me dice ‘mi amor, me mataron’ y cierra los ojos”, relató la mujer.
Fallas en los servicios de asistencia médica
Los familiares de la víctima señalaron demoras en la respuesta de las líneas de emergencia locales durante los momentos posteriores al atentado. El menor de edad manifestó haber realizado múltiples llamadas telefónicas al sistema de asistencia pública sin lograr el despacho oportuno de una unidad médica.
La viuda del comunicador puntualizó que el proceso de retorno a las actividades escolares de los menores ha estado marcado por la ausencia del periodista, quien se encargaba de las rutinas de traslado. Las comisiones de derechos humanos locales solicitaron medidas de protección urgentes para el núcleo familiar.
El expediente penal avanzará en los próximos días hacia las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El gremio de prensa de la región fronteriza convocó a una movilización para rechazar los actos de violencia contra los informadores.