Fiscalía califica al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, como un “prófugo de la justicia”

La Fiscalía General le pidió este miércoles, 10 de junio, a un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que prorrogue la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán.

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La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, consideró que la medida de aseguramiento emitida el 3 de julio de 2025 no se ha podido materializar, puesto que el exfuncionario no ha vuelto al país para que enfrente el proceso penal por su presunta participación en el escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Por esto, lo calificó como un “prófugo de la justicia”, asegurando que, pese a las órdenes emitidas, ha sido imposible dar con su paradero.

Durante la audiencia, la fiscal delegada ante la Corte Suprema señaló que González Merchán ha tramitado un asilo político.

Por esto, indicó que los hechos que motivaron la medida de aseguramiento privativa de la libertad siguen vigentes. “Representa un peligro para la sociedad”.

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En la acusación, la Fiscalía General manifestó que el 27 de noviembre de 2023, Carlos Ramón González dio instrucciones precisas para desviar millonarios contratos que estaban en poder de la UNGRD con el fin de sobornar a un grupo de congresistas.

Citando videos de las cámaras de seguridad de la Casa de Nariño, el ente investigador sostuvo que, en un corto cruce de palabras, González le dio indicaciones a la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, y al director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez.

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Esto con el fin de que se direccionaran miles de millones de pesos para los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, con la finalidad de que convocaran de manera exprés las sesiones en las que se iban a debatir proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.

Tras esa reunión, Sandra Ortiz convocó una reunión en Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá, para establecer los montos del pago de los sobornos.

De esta forma se fijó que tres mil millones de pesos iban para Iván Name, mientras que mil millones de pesos iban a destinarse para Andrés Calle.