Qué recibe la nueva administración en materia de seguridad? El discurso del presidente en la instalación del Congreso abre el debate. Gustavo Petro expuso un balance ampliamente positivo. La forma de evaluar la veracidad de ese balance es contrastarlo con la información estadística del Ministerio de Defensa Nacional, que es la oficial del Estado colombiano. Ese es, exclusivamente, el propósito de este artículo.
Los indicadores evidencian un deterioro de la seguridad. El cuatrienio termina con datos alarmantes frente a las masacres. En el primer semestre de 2025 se presentaron 40 masacres, mientras que en esos meses de 2026 la cifra ascendió a 59, un crecimiento del 48 por ciento. Las víctimas pasaron de 139 a 214, 54 por ciento más.
El presidente afirmó que “662 municipios no tienen homicidios”. Al revisar la base Siedco, de la Policía Nacional, el número de municipios con cero homicidios en 2025 fue de 377; en 2022 fueron 304. El decrecimiento tampoco se verifica en la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. En 2025 fue de 26,4 y en 2022 había sido de 26,2. Más aún, el promedio de la tasa fue de 25,5 entre 2018 y 2021 y de 26,05 entre 2022 y 2025.
De 2018 a 2021 se registraron 661 secuestros y entre 2022 y 2025 fueron 1.575; eso representa un ascenso de 914. El delito se multiplicó por 2,4 veces, con un crecimiento del 138 por ciento. Retrocedimos dos décadas. Los secuestros del año pasado son más que los de 2006 (687), en medio de la guerra contra las Farc.
Eso sugiere el fortalecimiento de las organizaciones criminales dadas las exigencias logísticas y operativas que conlleva la ejecución de ese delito. Además, la capacidad de rescate de la fuerza pública se redujo a la mitad. En 2025 se contabilizaron 701 de esos delitos y 105 personas rescatadas; esto es el 15 por ciento de las víctimas. En 2022, 223 casos y 67 rescates, el 30 por ciento. Más secuestrados y menos posibilidad de liberarlos.
Hay otros datos que cita Petro en seguridad ciudadana que son ciertamente muy relevantes. El hurto de vehículos disminuyó en 2025 (44.022). El hurto a residencias bajó una cuarta parte, pasando de 34.507 en 2022 a 25.813 en 2025. Igualmente sucede en esos años con el hurto a comercio, que se redujo de 46.409 a 26.331, 43 por ciento menos. Eso contrasta con el hurto a personas y con la extorsión. En 2021 se registraron 281.417 de esos hurtos y 289.374 en 2025, un aumento de 7.957. Y en ese lapso, la extorsión saltó de 8.342 a 13.417, un crecimiento del 60,8 por ciento.
La situación es crítica respecto a los delitos contra la seguridad pública y anuncia lo que viene. Las conductas asociadas al terrorismo pasaron de 742 en 2022 a 1.398 en 2025, un 88,4 por ciento más. De 2018 a 2021 fueron 2.577 sucesos, mientras que en el tiempo de la paz total, entre 2022 y 2025, llegaron a 4.105, un crecimiento del 59,3 por ciento, con 1.528 nuevos hechos. La extensión de las rentas criminales y el correspondiente crecimiento de los grupos armados organizados (GAO) coinciden con la tendencia de las acciones terroristas.
Por otro lado, la economía del narcotráfico creció más rápido que la contención y persecución del Estado. En agosto de 2022, Petro ordenó suspender la erradicación manual de los cultivos ilícitos y durante 2023 y junio de 2025 únicamente se erradicaron 37.779 hectáreas de coca. La administración de Iván Duque en un periodo similar, entre 2019 y 2021, erradicó 328.010 hectáreas, 768 por ciento más.
El discurso oficial resalta como éxito la destrucción de laboratorios, pero la comparación estadística lo desvirtúa. En 2019, se detectaron 154.000 hectáreas cultivadas con un potencial de producción de clorhidrato de cocaína de 1.137 toneladas. En ese año también se reportó la destrucción de 5.494 laboratorios del narcotráfico. En 2024 fueron afectados 5.261, es decir, 233 menos, mientras que los cultivos de coca alcanzaron 261.000 hectáreas y la producción potencial de cocaína se estimó en 3.001 toneladas.
Es razonable inferir que la expansión de los cultivos ilícitos y el aumento de la producción de cocaína implican una mayor infraestructura de procesamiento, razón por la cual el indicador clave es la relación entre la infraestructura que ha sido destruida y el tamaño de la economía ilícita.
Así las cosas, la tasa de destrucción en cinco años pasó de 35,7 a 20,1 por cada 1.000 hectáreas de coca, una caída de 43,5 por ciento. Comparados esos dos años, el descenso de los laboratorios destruidos por cada tonelada potencial de cocaína cayó de 4,8 a 1,75, 63,8 por ciento menos. El dato muestra una erosión de la ofensiva del Estado contra la infraestructura del narcotráfico.
Según el Gobierno, el esfuerzo se concentró en las incautaciones. Y esa cifra en términos absolutos es un récord: 984 toneladas de coca incautadas en 2025, 325 más que en 2022. Empero, hay que sincerar la estadística.
Esta comprende numerosas incautaciones efectuadas por otros países con algún tipo de intercambio de información con las autoridades colombianas. Se evita informar en detalle esa circunstancia, que es indispensable para medir con precisión en el territorio nacional la efectividad de la incautación de coca y la eficiencia operacional.
Si bien, en cifras absolutas, la incautación aparece alta, lo cierto es que es mucho menor proporcionalmente que la de años anteriores. Un ejemplo: en 2021 se incautaron 669 toneladas de una producción potencial de 1.400; esto es el 47,7 por ciento. En 2023 se interceptaron 746 toneladas de una producción potencial de 2.664; esto es solo el 28 por ciento. La realidad es que hay más cocaína en el mercado y menos efectividad del Estado.
Uno de los pocos indicadores que muestra mejoría es la acción contra la extracción ilícita de minerales. Entre 2018 y 2021 se intervinieron 15.437 minas y de 2022 a 2025, 16.780, 8,7 por ciento más, 1.343 operaciones adicionales. Igualmente sucede con el aumento de incautaciones de maquinaria amarilla, necesaria para esa actividad a gran escala. En 2022 se incautaron 334 máquinas y 777 en 2025.
El balance estratégico contra las economías ilícitas es negativo y se refleja en el crecimiento de los GAO. El Ministerio de Defensa estima que tenían 27.367 integrantes a diciembre pasado, con injerencia en 420.980 kilómetros cuadrados, 36 por ciento del territorio nacional, presencia en 646 municipios (57 por ciento) y 12.766 veredas.
No obstante, el presidente Petro afirma que “en Colombia la mayoría del país está en paz”. En 2021, los GAO sumaban 13.180 integrantes. Desde entonces, su número ha aumentado un 107,6 por ciento y, según algunos expertos, podría acercarse a los 30.000 en agosto.
El nuevo Gobierno tiene un desafío gigantesco. La herencia recibida es extraordinariamente compleja. Las economías ilícitas y los grupos armados organizados controlan gran parte del territorio nacional, movilizan apoyo social y están en capacidad de desafiar al Estado.
Se agravan problemas de seguridad ciudadana ligados a las redes de valor de las economías ilícitas urbanas, las capacidades de la fuerza pública están muy reducidas, el aparato judicial sigue siendo deficitario y existen severas restricciones presupuestales. Enderezar requiere sentido estratégico, entender la magnitud de las amenazas, retornar a la autoridad, pero, ante todo, recuperar la legitimidad y el liderazgo moral.