Política

Choque entre el Ministerio de Defensa y José Jaime Uscátegui por solicitud de información a la cartera

El representante del Centro Democrático es señalado por un presunto abuso de sus poderes legislativos.

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18 de julio de 2026 a las 2:06 p. m.
José Jaime Uscátegui envió requerimientos con 1.360 preguntas al Ministerio de Defensa.
José Jaime Uscátegui envió requerimientos con 1.360 preguntas al Ministerio de Defensa. Foto: Suministrada a Semana API

El Ministerio de Defensa radicó una solicitud de actuación preventiva ante la Procuraduría General de la Nación contra el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, después de que el congresista presentara 1.360 preguntas dirigidas a diferentes entidades del sector Defensa.

El legislador del Centro Democrático radicó esas inquietudes amparándose en la Ley Quinta (que regula el funcionamiento del Congreso) y en el Estatuto de Oposición. Sin embargo, esa cartera lo señala de abusar de sus poderes legislativos.

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“El Ministerio no cuestiona el control político ni los derechos de la oposición. Lo que considera necesario es que la Procuraduría analice si, en este caso, existen elementos objetivos que puedan ser compatibles con un eventual abuso de las prerrogativas legales”, detalló la cartera en un comunicado.

El despacho que dirige el ministro Pedro Sánchez lo señala de, presuntamente, efectuar una concentración extraordinaria de requerimientos en un corto período de tiempo, así como de acumular una “carga material difícilmente atendible dentro de los términos invocados, la utilización simultánea de distintos regímenes jurídicos para sustentar las solicitudes y la posterior presentación de una queja disciplinaria mientras el proceso de respuesta se encontraba en marcha”.

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En sus requerimientos, Uscátegui solicita información de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y 18 entidades descentralizadas adscritas al sector Defensa. El congresista se ha caracterizado por hacer control político a esa cartera.

El Ministerio le pidió a la Procuraduría estudiar “si el control político puede ejercerse mediante mecanismos que, en la práctica, generen una presión desproporcionada sobre la administración, afecten la capacidad operativa de una entidad pública o expongan disciplinariamente a servidores que han desplegado actuaciones verificables para atender los requerimientos”.