Las entidades nacionales y territoriales firmaron al menos 43.092 contratos después de la segunda vuelta presidencial, cuando finalizó la restricción para ejecutar nuevas contrataciones establecida por la Ley de Garantías.
Así lo reveló Transparencia por Colombia en un informe en el que se detalló que el costo de estos asciende a los 7 billones de pesos y que fueron suscritos por 2.829 despachos. El 18,3 % de esas contrataciones fueron efectuadas por entidades nacionales, mientras que el restante fue ejecutado por las autoridades territoriales.
Si bien las entidades adscritas al Gobierno nacional firmaron menos contratos, los suscritos por estas representaron 3,6 billones de pesos. En contraste, los que fueron celebrados por las autoridades territoriales tuvieron un valor superior a los 3,9 billones de pesos.
“De las entidades nacionales que celebraron contratos en este periodo, el 86 % corresponde a entidades del Gobierno Nacional, es decir, 488 entidades”, se detalla en el reporte de Transparencia por Colombia.
La organización detalló que “si se cuenta únicamente a las entidades del Gobierno Nacional (únicamente rama ejecutiva), estas concentran el 93 % del valor de la contratación de las entidades nacionales, ascendiendo a 3,4 billones de pesos”.
El periodo de vigencia de la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales de 2026 inició el 31 de enero y finalizó el 21 de junio de 2026, lapso en el que se desarrollaron las dos vueltas presidenciales, los comicios al Congreso y las consultas presidenciales. A partir del 22 de junio, las entidades públicas pudieron reanudar sus procesos de contratación.
El análisis de Transparencia por Colombia tuvo en cuenta contratos públicos firmados entre el 22 de junio y el 10 de julio del presente año. Los datos arrojados por el informe contemplan aquellos que fueron registrados en SECOP I, SECOP II y el Sistema de Información Estratégica (SIE) del Departamento Administrativo de la Función Pública durante este periodo. Asimismo, los datos recabados por el estudio fueron contrastados con la información del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y el Registro Único Empresarial y Social (RUES).