La Defensoría del Pueblo advirtió que el éxito de la Ley 2590 de 2026, que acaba de sancionar el Gobierno saliente de Gustavo Petro sobre el reclutamiento ilícito y el uso de menores de edad en el conflicto, depende de pasos pendientes que deberá dar el Estado.
“La firma de la ley constituye apenas el primer paso. Su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentar, financiar e implementar oportunamente los instrumentos que la propia norma establece”, detalló el despacho que dirige Iris Marín.
La defensora hizo un llamado al Gobierno entrante para que priorice el cumplimiento de las medidas que prevé la norma, con el objetivo de garantizar que las niñas, los niños y los adolescentes permanezcan alejados de entornos de conflicto.
Esa oficina instó a la administración entrante de Abelardo De la Espriella a elaborar un documento Conpes sobre este asunto, así como a actualizar la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Sumado a esto, pidió crear y poner en funcionamiento un Equipo Nacional de Acción Inmediata, implementar un Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad y adoptar un protocolo para la prevención y el bloqueo de contenidos digitales asociados al reclutamiento.
Entre las solicitudes de la Defensoría al Gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto también están la puesta en marcha de una estrategia preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de un plan de fortalecimiento de la infraestructura y la planta docente, sumado a la identificación y delimitación de escuelas. Esto último, enfocado en los territorios donde hay riesgo de reclutamiento.
La Defensoría subrayó que “la prevención no puede limitarse a la reacción institucional una vez consumada la vulneración de derechos”.