El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que contaba con un presupuesto superior a 78.000 millones de pesos, fue suspendido por decisión de un juez.
A través de una comunicación enviada a los interesados en participar, la entidad anunció que fueron interpuestas seis acciones de tutela contra el proceso de contratación.
En dichas acciones, “fue solicitado como medida provisional la suspensión del proceso de selección”.
De esa forma, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó a la UNP remitir los correos de notificación de todas las uniones temporales vinculadas anteriormente, así como publicar el auto que ordena la suspensión del proceso contractual.
La decisión se produjo a raíz de una tutela interpuesta por un escolta, quien argumenta que dentro del proceso se modificó el alcance de forma “injustificada”.
“De manera injustificada, modificó el alcance de dicho proceso para que cubriera únicamente las Zonas 1 y 2, excluyendo las Zonas 3 a 10, a pesar de que todas se encuentran en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes”, se lee en el documento.
El juzgado agregó: “Refiere que esta decisión administrativa arbitraria genera una amenaza cierta e inminente sobre su estabilidad laboral, pues mientras los escoltas de otras zonas mantienen su continuidad mediante mecanismos diferentes, los de las Zonas 1 y 2 quedan expuestos al riesgo de perder su empleo por la adjudicación del contrato a un nuevo operador, desconociendo el principio de confianza legítima e imponiendo un trato discriminatorio que afecta su sustento familiar y mínimo vital”.
El proceso de contratación ya estaba en la mira del presidente electo Abelardo De La Espriella, quien pidió la intervención de la Procuraduría, dado que la adjudicación estaba prevista antes del cambio de gobierno. Igualmente, se solicitó la revisión de la provisión de más de 5.000 cargos antes de que termine la administración saliente.