El presidente electo, Abelardo De La Espriella, quien se posesiona el próximo 7 de agosto, denunció hace algunos días una supuesta feria de contratos que se estaría dando al interior de la Unidad Nacional de Protección, justo a pocos días del cambio de Gobierno, pero esa alerta provocó una reacción inmediata de la Procuraduría General de la Nación.
La entidad de control liderada por Gregorio Eljach confirmó a través de un comunicado que durante la mañana de este viernes 17 de julio, un equipo especial estuvo en las instalaciones de la UNP, ubicadas en Bogotá, para revisar la eventual provisión de 6.000 cargos que se crearon mediante decreto y la supuesta feria de contratos que expuso el presidente electo.
Durante esa visita, la Procuraduría le pidió explicaciones a las directivas de la Unidad de Protección sobre el manejo que le están dando a los procesos de contratación, modalidades de selección, requisitos, pliegos y exigencias contempladas por la entidad.
En medio de ese proceso de verificación, los procuradores centraron su atención en un multimillonario contrato avaluado en más de 78.000 millones de pesos, para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas en las zonas 1 y 2 del Programa de Protección.
El presidente electo De La Espriella alertó que sobre ese contrato existe una “principal preocupación” del Gobierno electo, pues se trataría de los servicios de escoltas que se asignan en las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los ministros de su gabinete.
#Política | Líder sindical de la UNP da detalles sobre los 6.800 cargos que está formalizando el Gobierno saliente.https://t.co/ZSJ5JlZEek
— Revista Semana (@RevistaSemana) July 12, 2026
El equipo de la Procuraduría confirmó que sobre ese negocio se plantearon serias inquietudes sobre la reducción de programas de protección, teniendo en cuenta que, de diez zonas existentes, el proceso que está actualmente en curso lo limitó a dos.
Esa cobertura se distribuiría en zonas como Bogotá, Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Santander, por eso el ente de control le pidió a las directivas de la UNP toda la información que permita entender los argumentos técnicos, jurídicos, presupuestales y administrativos que soportaron esa decisión.
La Procuraduría intenta con esta visita identificar los riesgos actuales que tienen los procesos de contratación en la UNP y dar línea para que se tomen medidas que permitan garantizar el servicio de protección tanto para el presidente electo como para su nuevo gabinete.