A pocos días de la posesión del nuevo Congreso, este viernes 17 de julio se conoció un pronunciamiento de la defensa del senador electo Wadith Manzur, preso por orden de la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El abogado Víctor Mosquera Marín, quien asumió recientemente la defensa de Manzur, aseveró que le pidieron al alto tribunal que le permitiera al dirigente político cordobés salir de la guarnición militar en la que se encuentra privado de su libertad para asistir al Congreso de la República para posesionarse.
“Observamos con preocupación que la medida de aseguramiento actualmente vigente tenga el potencial de impedir el ejercicio efectivo de los derechos políticos del senador electo y de afectar la voluntad democrática expresada por más de 134.000 ciudadanos que respaldaron su elección”, señaló el jurista.
Por esto, le pidió a la Sala Especial de Primera Instancia que autorice el “traslado temporal” de Manzur hasta el Capitolio (centro de Bogotá), con el fin de que se le “permita al senador electo cumplir con el acto constitucional de posesión previsto para el inicio del período legislativo 2026-2030″. De cara a esto, la autoridad competente estará realizando la custodia del dirigente político.
“Confiamos en que la Sala Especial de Primera Instancia, en desarrollo de la etapa de juzgamiento, ofrezca las mayores garantías de independencia, imparcialidad, debido proceso y protección de los derechos fundamentales, asegurando que las decisiones se adopten plenamente a la Constitución Política, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los demás estándares internacionales aplicables”, aseveró.
Asimismo, la defensa del senador electo cuestionó los alcances de la medida de aseguramiento impuesta por la Sala de Instrucción.
“Advertimos que la privación de la libertad fue decretada en un contexto de especial sensibilidad democrática en pleno proceso electoral y que, según la información conocida públicamente, dicha medida fue impuesta únicamente respecto de dos de las seis personas investigadas dentro del mismo proceso. Estas circunstancias merecen un análisis particularmente estricto desde la perspectiva del principio de igualdad, la proporcionalidad de las medidas cautelares y la protección reforzada de los derechos políticos”, añadió.
Finalmente, el abogado Mosquera Marín aseveró que acudirán a mecanismos internacionales para la protección de “los derechos humanos” de Manzur.
La acusación contra Wadith Manzur
El pasado 11 de marzo, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló la acusación por el delito de cohecho impropio (recibimiento de sobornos) a Wadith Manzur, otros cinco congresistas y un excongresista.
En dicha decisión, se cobijó al dirigente político conservador con medida de aseguramiento en un centro carcelario.
Todos los acusados hacían parte, para el segundo semestre de 2023, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, donde se debatían temas en los cuales el Gobierno Petro tenía un gran interés.
Los legisladores habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.
En los encuentros documentados por la Sala, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.