“Ingeniero, quería preguntarle por un contrato en Saravena”. Este fue el mensaje que retumbó en medio de una corta reunión celebrada el 14 de diciembre de 2023 entre Sneyder Pinilla, el entonces subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Karen Manrique, representante a la Cámara, recién capturada por el escándalo del saqueo a esa entidad.
Se trata de una declaración inédita que dio Pinilla en la Fiscalía en la que contó de la insistencia de Manrique en la adjudicación de un proyecto para Saravena, en Arauca, y que, según su versión, debía ser manejado por la pareja de la congresista.
SEMANA revela esta declaración que es fundamental para entender el voluminoso expediente que se encuentra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y que esta semana se sacudió con la detención de Manrique y del representante Wadith Manzur, y la acusación formal contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
En la declaración de Pinilla queda claro que la plata para atender las emergencias en el país se usaba como dinero de bolsillo y, en el caso de Manrique, según la versión, para su “esposo o novio”.
“Ese día ella va con un señor de nombre Gustavo González Ruiz. Yo ya sabía que él era compañero sentimental o esposo, novio, no sé (...) Me dice, es que va a salir un contrato para Saravena. Eso lo voy a manejar yo a través de mi esposo y me señala al señor que estaba ahí al lado. Yo le digo, doctora, a mí no me ha dicho nada el doctor Olmedo, eso es con el doctor Olmedo”, le contó Pinilla a la Justicia.
Esta sería la antesala del contrato que tiene enredada a Manrique, el mismo que días después le reclamó a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en una libreta donde escribió de su puño y letra la presunta repartija, incluido el contrato de Saravena, considerada hoy una prueba reina.
Según las pruebas recolectadas, el proyecto por el que preguntaba Manrique tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba, por un valor cercano a 30.000 millones de pesos.
Según le ha dicho Pinilla a la Fiscalía, pocas horas después recibió una llamada del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también detenido por este escándalo, quien necesitaba urgentemente a Olmedo López. ¿La razón? “Se iban a caer unos créditos de la nación, por lo que necesitaba sacar adelante unos proyectos que ya estaban avisados”, entre ellos el de Manrique, de acuerdo con lo que han afirmado Pinilla, López y María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla.
En una reunión de emergencia el 15 de diciembre de 2023, según confesó López, “se hace una videollamada con el ministro de Hacienda (...) quedan claros los tres contratos que se tenían que sacar y que dentro de estos contratos estaba el del municipio de Saravena”.
En su declaración ante la Fiscalía, trasladada al expediente en la Corte Suprema de Justicia, Pinilla recordó que el entonces director de la UNGRD le había dado instrucciones precisas de atender a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. En septiembre de 2023, Pinilla inició un cruce de mensajes con Manrique, quien, según él, quería saber cómo funcionaba la UNGRD, “cómo era la entrega de ayudas humanitarias y las diferentes prácticas institucionales que tenía la Unidad”.
Pinilla explicó que en una conversación Olmedo López le había manifestado que “como ella (Manrique) era afín al Gobierno y era la persona de Arauca, como representante a la Cámara, pues teníamos que darle parte”.
En el expediente que se movió esta semana se destacan un centenar de chats de las aplicaciones de WhatsApp y Signal, registros de cámaras de seguridad, además de reuniones en la Casa de Nariño, llamadas por Olmedo López como “cónclaves”, en los que participaron el prófugo Carlos Ramón González y los detenidos exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, quienes supuestamente habrían dado la repartija.
Asimismo, presupuestos aprobados a través de Certificados de Disponibilidad Presupuestal por 1,4 billones de pesos para enviar a la UNGRD, decenas de páginas de minutas de la sede del Ministerio de Hacienda y las agendas del Legislativo. Al final, eso era lo importante, según Sneyder Pinilla, para aceitar al Congreso.
Estos elementos materiales probatorios, según la Corte, coinciden con las declaraciones que entregaron en diferentes escenarios los tres testigos clave en este complejo expediente: Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad; y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
En todo esto hay un punto esencial: nadie se explica, y así lo deja claro José Moreno, abogado de Olmedo López, cómo, pese a la colaboración de él con la Justicia y que desnudó una “organización criminal”, la Fiscalía aún no ha cerrado el preacuerdo con el exdirector de la UNGRD.
Reunión del 15 de diciembre
En el complejo proceso se cita reiteradamente una fecha: viernes 15 de diciembre de 2023. Ese día, en la sede del Ministerio de Hacienda, en el centro de Bogotá, Ricardo Bonilla se reunió con Olmedo López y estuvo presente su asistente María Alejandra Benavides.
López señaló la urgencia de entregar los contratos a un grupo de congresistas de la Comisión de Crédito Público. Detrás de todo esto estaba Jaime Ramírez Cobo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien era el puente entre el Gobierno Petro y el Congreso, casualmente también padrino de matrimonio de Laura Sarabia.
Según las pruebas, la repartija era necesaria porque los créditos de la nación ante la banca internacional estaban en riesgo si la Comisión de Crédito Público no avalaba los proyectos de presupuesto y endeudamiento.
En la reunión, el ministro Bonilla, según el expediente, le habría preguntado a su asesora Benavides quién era la persona que estaba detrás de esta petición de proyectos. La respuesta fue Karen Manrique.
De acuerdo con los testimonios, el nombre no le gustó a Bonilla y pidió que todo se trabajara con Wadith Manzur. De ahí la importancia del representante en esta trama y la reciente decisión de la Corte de ordenar su captura.
Según las evidencias, Olmedo López le dio instrucciones a Sneyder Pinilla para que hablara con las personas que fuera necesario a fin de agilizar todo en la Comisión de Crédito Público.
Benavides también empezó a trabajar en la gestión y, tal como indicó en la Corte, para ese momento los contratistas estaban interesados en tres contratos de obra e interventoría que tenían un valor cercano a los 92.000 millones de pesos.
Olmedo López había sido suspendido y por esos días regresaba a la UNGRD. Desde el 6 de febrero de 2024, de acuerdo con las evidencias, quedó clara la insistencia de Manrique en reunirse con López, hecho que habría pesado en la decisión de la Sala de Instrucción de llamar a juicio por el delito de cohecho impropio a la representante a la Cámara por las curules de paz y a sus colegas.
Un cruce de mensajes entre Manrique y López dejó ver que, presuntamente, sí existía el interés de la dirigente política araucana en la repartición de proyectos.
“Dr. Olmedo, le deseo éxitos y bendiciones en su regreso a la entidad; todo el cariño y respeto (emoticón de puño arriba), está trabajando por este país que tanto lo necesita”, se lee en el mensaje que no tuvo respuesta. El 7 de febrero, a las 10:56 de la mañana, le volvió a escribir para pedirle una reunión. Como prueba de su insistencia se registró una llamada que tampoco respondió.
López le devolvió la llamada, la cual duró un minuto, según los registros. Al otro día le escribió para pedirle “cinco minutos” de su agenda. Para la Sala de Instrucción, tal interés demostraba que la congresista, presuntamente, buscaba sacar provecho de su cargo y recibir el mencionado contrato en su departamento.
La dirigente política araucana, quien logró cerca de 5.400 votos para repetir curul, según el más reciente boletín de la Registraduría Nacional, pidió ser recluida en una guarnición militar debido a supuestas amenazas e intimidaciones que ha recibido en los últimos meses de grupos armados ilegales.