El senador electo Wadith Manzur, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), radicó este jueves 23 de abril una recusación en contra del magistrado Héctor Javier Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Para el dirigente político conservador, la participación de Héctor Alarcón en este caso no le da garantías, puesto que durante el debate de la ponencia que pedía cobijar con medida de aseguramiento a un grupo de congresistas por este caso de corrupción, cambió varias veces su posición.
Esta recusación frenó la discusión que se adelantaba este jueves frente al recurso de apelación presentado por cuatro congresistas llamados a juicio, el pasado 11 de mayo, por este caso de corrupción que saqueó a la UNGRD.
En el documento de 14 páginas, conocido en su totalidad por SEMANA, se pide que el magistrado Alarcón Granobles sea separado “del conocimiento de todas las actuaciones posteriores que se surtan del proceso radicado bajo el número 1131″.
En la recusación se cita que en su aclaración de voto, el magistrado Alarcón Grannobles apoyó la “imposición de detención privativa” contra el congresista conservador, teniendo en cuenta una prueba recolectada en el allanamiento al domicilio de Andrea Carolina Ramírez Oliveros, exasesora del Ministerio de Hacienda.
“El documento resultante de esa diligencia no contiene referencia alguna al nombre de Wadith Alberto Manzur Imbett. Los nombres consignados en dicho manuscrito corresponden a otras personas: entre ellas Liliana Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, congresistas a quienes el honorable Magistrado Alarcón Granobles no justifica en la respectiva aclaración de voto la necesidad de la imposición de medida de aseguramiento privativas o no privativas de la libertad”, indica la recusación.
Todo esto, alega, sin que el documento citado mencionara al congresista conservador, hecho por el cual asevera que existió una falta de motivación en la medida que actualmente lo mantiene privado de su libertad.
“Se me impone la medida más drástica restrictiva de la libertad, lo que (...) es un trato diferencial e injustificado en mi contra, o que quebranta el principio de igualdad y de imparcialidad”, agregó Manzur.
No hice parte de un entramado
Citando la aclaración de voto del magistrado Alarcón, el senador electo asevera que le están vulnerando sus derechos procesales.
“Esta circunstancia tiene una doble relevancia que el honorable magistrado recusado omitió por completo en su aclaración de voto. De un lado, la ausencia del nombre del suscrito en ese documento no es un dato neutro, es una prueba que, valorada conforme al principio pro libertate, da cuenta de que Wadith Alberto Manzur Imbett no hace parte de ningún entramado criminal de la naturaleza que el honorable Magistrado infiere del manuscrito”, señaló.
“Si el documento registra a quienes supuestamente integran una red de relaciones clientelares entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso, y el suscrito no figura en él, la conclusión lógica y garantista era precisamente la contraria a la que adoptó el honorable Magistrado recusado: ese documento beneficia al suscrito, no lo perjudica. El honorable magistrado Alarcón Granobles debió valorar ese elemento en favor del suscrito y, consecuentemente, mantener su posición de no imponer la medida de aseguramiento”.
Este jueves, Manzur ha sido noticia por partida doble. A primera hora se conoció su carta de renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual es la encargada de investigar a un grupo de aforados constitucionales, entre estos, al Presidente de la República.
El congresista cordobés es investigado por, presuntamente, exigir contratos de obra y mantenimiento que estaban en poder de la UNGRD para convocar sesiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y así votar favorablemente proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía un especial interés.