El sorpresivo retiro del Ejército del general Erick Rodríguez, subjefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, provocó una ola de reacciones a favor del militar, quien tenía entre sus misiones garantizar la seguridad durante las elecciones presidenciales. Era la cabeza del Plan Democracia.
En medio de la controversia, el caso del general Rodríguez hizo que los reflectores giraran hacia las propias Fuerzas Militares, entre oficiales activos y en retiro, quienes se cuestionan sobre cuáles son los criterios que se están aplicando para sacar a militares, sin que haya motivos claros.
Recientemente, se ha visto cómo el Gobierno ha ordenado el retiro de cerca de un centenar de oficiales, en algunos casos uniformados, sin investigaciones y con hojas de vida intachables, mientras que deja a otros con serios cuestionamientos e investigaciones vigentes.
Este patrón se repite desde lo más alto de la pirámide del Ejército, en la que, en la actualidad, hay varios generales con fuertes cuestionamientos judiciales, disciplinarios y hasta éticos, que son protegidos del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Entre los ejemplos documentados están los casos de los generales Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército; el general Federico Mejía, actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército; el general Olveiro Pérez, exinspector del Ejército; y el general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército.
Cardozo se encuentra activo y como agregado militar en Estados Unidos. Tras su salida como comandante del Ejército, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó que el oficial está vinculado a un proceso por un presunto caso de falsos positivos. El documento de la JEP contra el general Cardozo es directo: “La JEP abre trámite de sometimiento al general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría, mencionado por comparecientes de la fuerza pública en casos de ‘falsos positivos’ ocurridos en Santander”.
De acuerdo con la JEP, militares retirados que están dando testimonio, y que formaron parte del Batallón de Ingenieros n.º 5 Coronel Francisco José de Caldas, han vinculado al general Cardozo en “seis hechos en los que nueve personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate en Santander”.
“Como parte de esta actuación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas requirió al general (r) Cardozo Santamaría para que suscriba el acta de sometimiento a la JEP y aporte información sobre su eventual participación en los hechos”, indicó el tribunal transicional.
La presunta relación de altos oficiales con grupos ilegales es una sombra que persigue a la fuerza pública. Es el caso, materia de indagación por la Fiscalía, del general Federico Mejía, comandante de Educación y Doctrina del Ejército.
Tras reiteradas denuncias de SEMANA, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia consideró motivos fundados para abrirle proceso al oficial.
La Fiscalía indaga la presunta responsabilidad de Mejía en los delitos de concierto para delinquir, peculado por aplicación oficial diferente y abuso de función pública.
Sobre el caso del general Mejía, la Fiscalía revisa presuntos nexos con grupos de pobladores armados en el Cauca. Varios videos muestran a soldados bajo su mando patrullando, al parecer, con paramilitares en Ortega, Cauca. Además, se conoció un chat del general con un civil conocido como Joselito, en el que el oficial le daba información de operaciones militares para atacar a disidencias de las Farc.
SEMANA documentó también la operación militar en la que el alto mando ordenó dejar en libertad a un presunto traficante de cocaína en el Cauca. En las pruebas, Mejía reconoce que ordenó a las unidades que debían dejar libre a un presunto narco y que le devolvieran la cocaína. Para cumplir la orden, las Fuerzas Militares dispusieron de tres helicópteros.
En la lista de oficiales con cuestionamientos judiciales también está el general Juan Miguel Huertas, oficial reintegrado por el presidente Gustavo Petro. Sobre Huertas existe una investigación en la Fiscalía por sus presuntos nexos con las disidencias de alias Calarcá. El caso fue tan sonado que la Procuraduría suspendió al general durante tres meses. Sin embargo, tras cumplirse el tiempo de la sanción, regresó al cargo.
El otro oficial que se mantiene activo en el Ejército, pese a varios cuestionamientos de tipo ético y posiblemente disciplinarios, es el general Olveiro Pérez, exinspector del Ejército y mano derecha del general Cardozo. Sobre el alto mando militar hay denuncias de soldados y suboficiales, quienes con pruebas de videos y chats mostraron públicamente cómo Pérez y su esposa los usaban para tareas domésticas. Pese a las evidencias, el general se sostiene en la fuerza militar.
La otra cara de la moneda
El caso del general Erick Rodríguez puso de manifiesto que el Ministerio de Defensa y el presidente Gustavo Petro no aplican el mismo rasero para retirar a generales. Del lado de las salidas calificadas como injustas están, además de la de Rodríguez, las de los generales Jhon Jairo Rojas, Hernando Garzón Rey y David Leonardo Gómez. Varios de ellos han destapado lo que serían verdaderas ollas podridas dentro de la institución.
El general Rodríguez habría hecho varias denuncias de posible corrupción en la Unidad de Ingenieros del Ejército. En el caso de Rojas, el militar habría sido blanco de una operación interna de guerra sucia para fabricarle un montaje y relacionarlo con disidencias de las Farc.
Al general Garzón Rey le revivieron un caso sobre presuntos nexos con grupos de narcotráfico en el Guaviare. Rey dijo que el presidente fue mal informado.
La situación que se viene presentando con los generales causó preocupación dentro de la reserva activa, que exige al presidente Gustavo Petro no politizar la fuerza y no tomar decisiones ambiguas que generan daño a la reputación de los uniformados y de la institución.
Incluso desde la reserva pidieron que se abra el debate sobre cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta a la hora de retirar a los generales.
Para el general (r) Guillermo León, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados (Acore), mantener a unos generales con investigaciones y sacar a los que tienen una hoja de vida limpia produce desconfianza en las instituciones y menoscaba el buen nombre de los oficiales.
Por esta razón, dijo el general León, es sano para el país que se defina si, por el debido proceso, se mantienen a los oficiales con investigaciones o, por el contrario, quienes tengan procesos judiciales complicados deben salir de la fuerza.
“Esas ambigüedades muestran que no hay un criterio y obedecen a decisiones que no son claras”, dijo el general León.
SEMANA le preguntó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, cuáles eran las razones para mantener a unos generales, pese a sus graves procesos o escándalos, y prescindir de otros que no tienen cuestionamientos. Indicó que son decisiones del fuero del jefe de Estado.
“Las decisiones que tome el presidente de la república son acordes a sus facultades y obedecen a necesidades del servicio, al criterio propio de la administración de personal, como lo estime conveniente para conducir las Fuerzas Militares”, dijo el ministro Sánchez.
Frente al caso del general Rodríguez, SEMANA conoció que ni el ministro de Defensa ni el alto Gobierno le entregaron una explicación sobre su retiro. La decisión lo tomó por sorpresa.
“Se está debilitando el mando estratégico. El general Rodríguez había dado resultados muy positivos en las divisiones y brigadas en las que había estado”, indicó el general León.
Por su parte, el almirante (r) Hernando Wills, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes, dijo que la situación presentada recientemente con el general Erick Rodríguez es de extrema gravedad, sobre todo si se está usando el retiro y nombramiento de oficiales con fines políticos. “Si bien el presidente tiene facultad discrecional para hacer nombramientos y retiros, no es conveniente que, después de algunas denuncias que presentó el general Rodríguez, cree un manto de duda sobre las reales intenciones en este caso”, indicó el almirante Wills.