El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga admitió una acción de tutela presentada por cuatro líderes comunitarios de Vetas (Santander), respaldada por habitantes de Bucaramanga y de los seis municipios de Soto Norte. Los accionantes solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la participación ciudadana, al debido proceso, al acceso a la información pública ambiental, a la igualdad y al derecho de petición, dentro del proceso mediante el cual el Ministerio de Ambiente pretende expedir una delimitación parcial del Complejo de Páramos Jurisdicciones-Santurbán-Berlín.
La tutela fue interpuesta por Rosa María Galvis Rodríguez, Karina Andrea Contreras Rodríguez, Cristian Germán Ramírez Moreno y Alfonso Gelves Delgado, quienes sostienen que durante el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional se estarían repitiendo las mismas vulneraciones que llevaron a dejar sin efectos la delimitación del Páramo de Santurbán hace nueve años.
Según la acción constitucional, el Ministerio pretende avanzar con una nueva resolución sin garantizar una participación ciudadana real, suficiente e informada. Por ello, los accionantes solicitaron al juez ordenar que la cartera se abstenga de expedir una resolución que delimite parcial o progresivamente el páramo mientras la tutela no sea resuelta de fondo.
La representante de los tutelantes, Gloria Lucía Álvarez Pinzón, aseguró que “estos líderes comunitarios han resuelto emprender acciones contra la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez, ante los anuncios de que en los próximos días, y a menos de una semana de dejar el cargo, tomará decisiones inconsultas para prohibir en municipios con tradicionalidad y cultura minera el desarrollo de la actividad, así como las demás actividades que se consideren incompatibles con el páramo. Esto es contrario a los mandatos de la Corte Constitucional, que le ordenó al Ministerio, al momento de delimitar, darle un trato especial y diferenciado a las comunidades mineras tradicionales de los municipios de Vetas, California y Suratá, mandato que la funcionaria está no solo ignorando, sino que quiere castigar”.
La tutela sostiene que el Gobierno modificó las reglas del proceso al expedir la Resolución 863 de 2026, mediante la cual creó la figura de la “delimitación progresiva”. Los demandantes consideran que esa figura no está contemplada en la Ley 1930 de 2018 ni fue autorizada por la Sentencia T-361 de 2017, por lo que afirman que el Ministerio cambió unilateralmente las condiciones fijadas por la Corte Constitucional.
Los accionantes también cuestionan que la delimitación parcial pretenda aplicarse sobre 19 de los 40 municipios involucrados, pese a que aseguran que existen avances de concertación con 26 municipios. A su juicio, no existe autorización legal o constitucional para dividir el proceso y delimitar el páramo por etapas.
Sobre ese punto, Álvarez manifestó que “con esa resolución se ha intentado una figura de ‘delimitación progresiva’, que no es otra cosa que una delimitación parcial, para aplicarla solamente en Santurbán y dejar así, arbitrariamente delimitado, el páramo en ciertos municipios que han sido estigmatizados y perseguidos por el gobierno que está a punto de culminar, como son los municipios de Soto Norte, Vetas, California, Suratá, Matanza y Tona”.
La tutela también señala que la consulta pública no permitió una participación informada, pues la información fue publicada principalmente mediante archivos técnicos de sistemas de información geográfica que, según los accionantes, dificultaban su comprensión por parte de las comunidades. En consecuencia, sostienen que miles de personas no pudieron conocer con claridad el alcance de la propuesta ni los predios y municipios que resultarían afectados.
Los habitantes de Vetas afirman que una delimitación parcial podría afectar la economía de un municipio con más de 450 años de tradición minera y convertir en ilegales actividades que actualmente se desarrollan dentro del marco normativo. En ese sentido, la representante legal de los demandantes agregó: “A escasos 6 días de dejar el cargo, la funcionaria quiere imponer la delimitación en ciertos municipios, en contra de los acuerdos que las comunidades firmaron en su mayoría con este mismo Gobierno y traicionando la confianza construida durante cerca de 9 años de diálogo e interacción entre las partes. Esta ministra quiere imponer de un plumazo una línea de páramo con graves problemas metodológicos y extender la línea más allá de los límites reales del ecosistema, para volver ilegales a quienes hoy ejercen legítimamente la actividad minera en la región y a punto de desaparecer a los agricultores y ganaderos, mientras los ilegales hacen de las suyas en el corazón del páramo”.
Finalmente, los accionantes manifestaron su confianza en que la justicia garantice el cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 y evite la adopción de una decisión que consideran irreversible para Vetas y las demás comunidades históricas del Páramo de Santurbán.