La madrugada del 21 de mayo, varias cámaras de seguridad registraron una secuencia que hoy es pieza clave en una investigación por homicidio. Era la 1:45 a. m. cuando tres hombres salieron de una vivienda del barrio La Rivera, en Kennedy, cargando una pesada maleta color café. El equipaje, cubierto parcialmente con una toalla naranja, fue introducido en un vehículo y desapareció de la escena.
Días después, la Fiscalía reconstruyó el recorrido. La hipótesis de los investigadores es que dentro de esa maleta era transportado el cuerpo de Kevin Santiago Ángel Garzón, un profesor de informática de 31 años que había desaparecido tras salir de un gimnasio en el occidente de Bogotá. Su cadáver fue encontrado posteriormente en una zona boscosa de El Tintal, con evidencias de violencia extrema y señales de haber sido parcialmente incinerado.
La maleta estaba tirada a un costado de un sendero usado por peatones y ciclistas. Fue un reciclador quien se acercó y descubrió que una pierna sobresalía del equipaje.
Mientras el caso seguía ocupando titulares, otro hallazgo volvió a sacudir a las autoridades. En una vereda del sector conocido como El Cielo, sobre los límites entre Ciudad Bolívar y el municipio de Soacha, investigadores encontraron tres cuerpos abandonados a un costado de una vía rural. Las víctimas presentaban signos de tortura y habían sido incineradas antes de ser dejadas en el lugar.
Los casos no están relacionados. Sin embargo, las escenas comparten elementos que durante años han aparecido en investigaciones sobre crimen organizado en Bogotá: desapariciones previas al asesinato, torturas, desmembramientos, cuerpos embolsados, traslado de cadáveres en empaques plásticos, intentos por ocultar evidencia y abandono de cuerpos en lugares cuidadosamente seleccionados.
No son casos aislados. Según los datos de la Policía Metropolitana de Soacha y Bogotá, durante el último trimestre se han registrado al menos cinco hallazgos de personas embolsadas en la capital y otros cinco en el vecino municipio.
Sin embargo, esas cifras parecen reñir con lo reportado por el CTI de la Fiscalía, que asegura que hay muchos más casos hallados solo en lo que va de 2026. Se habla de ocho casos más. Pueden ser embolsados o desmembrados o incinerados o, incluso, torturados; sin embargo, esta última categoría o variable no aparece como clasificación oficial ni en la Fiscalía ni en Medicina Legal a la hora de tipificar un homicidio violento.
No obstante, las cifras oficiales que, aunque todavía parecen lejanas a los picos observados durante las disputas criminales de 2019, 2021 y 2023, que dejaron más de un centenar de embolsados en la ciudad, sí han encendido las alarmas de investigadores y analistas que observan el posible resurgimiento de un modus operandi de extrema violencia en los homicidios.
Según expertos consultados por esta revista, los últimos hechos obligan a mirar más allá de cada crimen individual. Lo que estaría emergiendo es una nueva reconfiguración de las estructuras criminales que operan en Bogotá y Soacha, una disputa por rentas ilegales multimillonarias que está modificando el mapa delincuencial de la región y que vuelve a expresarse mediante formas extremas de violencia.
Cuando la Fiscalía investigó la guerra que protagonizaron organizaciones como el Tren de Aragua, Los Costeños, Los Maracuchos, Los Mesa y Los Camilos en Bogotá durante los últimos siete años, encontró que los descuartizamientos, los embolsados y la exhibición de cadáveres cumplían una función específica dentro de la lógica criminal. No se trataba únicamente de eliminar a un rival.
El nuevo tablero criminal
Para Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, la explicación de lo que está ocurriendo se encuentra en los golpes que durante los últimos años recibieron varias organizaciones criminales. “Cada vez que se golpean las bandas, ellas empiezan a ajusticiarse entre ellas o unas más pequeñas a intentar quedarse con los negocios y las rentas criminales”, explica.
Según Nieto, la ciudad vivió entre 2016 y 2021 una ofensiva sostenida contra estructuras delincuenciales que permitió capturar cabecillas y debilitar organizaciones completas. Aquellas operaciones modificaron el equilibrio criminal que existía en Bogotá.
Sin embargo, el analista sostiene que muchos de esos procesos no tuvieron continuidad suficiente para impedir que nuevas estructuras ocuparan los espacios dejados por los grupos debilitados. “Se dejaron crecer bandas pequeñas porque no se continuó la ofensiva contra grupos que ya estaban debilitados o prácticamente desarticulados”, señala.
Grupos que antes tenían una presencia limitada comenzaron a fortalecerse. Nuevos actores aparecieron en sectores donde antiguamente predominaban organizaciones más grandes. “Hoy ya no hablamos ni del Tren de Aragua, ni de Los Costeños, ni de Los Maracuchos como las más fuertes”, afirma Nieto.
Eso no significa que esas organizaciones hayan desaparecido. Por el contrario, algunas continúan operando y conservan influencia en determinados sectores de la ciudad. El Tren de Aragua, por ejemplo, mantiene presencia en localidades como Kennedy, Fontibón y Engativá. Pero el escenario actual es mucho más complejo.
Según el experto, hoy cobran fuerza estructuras como Los Mesa, con influencia en Soacha, Sibaté y amplios sectores del sur de Bogotá, además de organizaciones más pequeñas que han comenzado a especializarse en rentas criminales específicas.
Bogotá y Soacha
La transformación del crimen organizado también está borrando las fronteras entre Bogotá y Soacha. Para Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, los límites administrativos tienen cada vez menos importancia para las organizaciones ilegales. “Los límites entre Bogotá y Soacha son uno de los tantos territorios en disputa por el manejo y control de las rentas criminales”, explica.
Los corredores que conectan Ciudad Bolívar con Soacha, así como sectores de Bosa y las zonas periféricas del sur de la capital, se han convertido en puntos estratégicos para el transporte de drogas, el almacenamiento de armas, la distribución de estupefacientes y el cobro de extorsiones.
Allí convergen organizaciones locales, bandas nacidas en Soacha, estructuras provenientes de otras regiones y grupos criminales extranjeros. “El mercado da para todos y cuando no alcanza para todos comienzan las disputas”, afirma Acero.
Las disputas no ocurren por razones ideológicas ni por rivalidades personales. El motor es económico. “Desde hace unos años la violencia homicida es cada vez más estructural, ligada a grupos de delincuencia organizada que se disputan las jugosas rentas criminales del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, la trata de personas y los distintos hurtos”, dice Acero.
Microtráfico en barrios populares, cobro de extorsiones a comerciantes, explotación sexual, tráfico de armas, hurto de motocicletas, robo de vehículos, comercialización ilegal de autopartes y las muertes por encargo son algunas de las rentas que están nutriendo el crimen en la capital y que han dejado como resultado una ola estacionaria de embolsados y desmembrados que prueban el enquistamiento de estructuras criminales en la ciudad.
Nieto identifica varios puntos estratégicos donde esas economías convergen. Uno de ellos es San Bernardo, históricamente asociado al microtráfico. Otro es el barrio Santa Fe, donde confluyen actividades ligadas a la explotación sexual. También aparecen los corredores que conectan Ciudad Bolívar con Soacha, fundamentales para el movimiento de drogas y mercancías ilegales. “La renta criminal se volvió a diversificar en Bogotá”, resume.
Para ambos expertos, uno de los problemas centrales es que la respuesta institucional continúa concentrándose en los eslabones visibles de las organizaciones. Nieto advierte que actualmente existirían alrededor de 205 grupos delincuenciales en Bogotá, de distintos tamaños y niveles de sofisticación.
De ellos, estima que entre 100 y 115 nunca han recibido golpes significativos de las autoridades. “Hay unas a las que nunca se les ha golpeado de ninguna manera y están tomando fuerza”, señala.
Acero coincide en que las capturas, aunque importantes, no son suficientes para desmontar las estructuras. “No basta con detener o dar de baja a algunos de los miembros de estos grupos de delincuencia organizada. Es necesario atacar la renta, el capital y los bienes que generan estas actividades criminales”.
Mientras esa disputa continúa desarrollándose en las calles, los cuerpos encontrados durante los últimos meses parecen ofrecer una pista sobre lo que ocurre detrás del crimen visible. Los embolsados, los incinerados y los homicidios marcados por altos niveles de sevicia no aparecen únicamente como episodios aislados de violencia. Son señales de un mapa criminal que vuelve a moverse.
Un mapa donde viejos actores intentan conservar posiciones, nuevas organizaciones buscan abrirse espacio y las fronteras invisibles vuelven a trazarse sobre los barrios, los corredores estratégicos y las economías ilegales que conectan a Bogotá con Soacha.