Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, está en el ojo del huracán. Esta semana, mientras la Fiscalía lo acusó por tráfico de influencias en la compra del apartamento 901, en uno de los sectores más exclusivos de Bogotá, en Estados Unidos se radicó una solicitud “de evaluación e investigación para una eventual inclusión en listas de sanciones financieras de Estados Unidos”, conocida como la Lista Clinton u Ofac.
El caso está relacionado con millonarios movimientos de dinero que habría hecho Roa en las cuentas bancarias, en medio de la campaña de 2022, que llevó a Petro al poder. Por eso, este nuevo señalamiento no solo llegó a Estados Unidos, sino también a la Fiscalía, donde fue radicada una denuncia penal por “financiación de fuentes prohibidas de campañas electorales, violación de topes de gastos de campaña, omisión de información del aportante, lavado de activos, concierto para delinquir y fraude procesal”.
SEMANA tiene en su poder la denuncia presentada por la organización Misión Colombia Transparente, cuyo representante legal es el abogado Sergio Alzate, conocido por ser defensor de las víctimas de las Farc.
En Estados Unidos, ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), fueron denunciados Ricardo Roa, Carlos Julián Caicedo –su pareja– y su familiar Joan Sebastián Caicedo, así como Blanca Inés Durán, exconcejal de Bogotá. La solicitud también apunta a cuatro particulares: Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo y Mateo Neira Loaiza, con quienes se habrían registrado elevados movimientos de dinero en la coyuntura electoral.
Según conoció SEMANA, estas personas tendrían transacciones por altos montos en cuentas en el extranjero. En esa presunta triangulación de dinero, también hay empresas como Bull Ingeniería SAS, Cetco SAS, Dacar Lawyers e Investments SAS, que resultan recurrentes y, según la denuncia, podrían haber sido el canal para justificar y supuestamente “lavar” el dinero que se habría movido, en cabeza del actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Según el documento, “pudieran estar actuando como intermediarios, beneficiarios finales, administradores o posibles testaferros en operaciones financieras”.
Las acusaciones que llegan a Estados Unidos no son de poca monta: piden que se investigue la existencia de “posibles estructuras de ocultamiento patrimonial, uso de terceros para la administración o disposición de activos, mecanismos de lavado de activos o legitimación de capitales, vínculos financieros con organizaciones criminales o personas investigadas por actividades ilícitas”.
Además, y este es un tema prioritario para la Justicia estadounidense, solicitan que se indaguen las operaciones realizadas a través del sistema financiero internacional susceptibles de revisión bajo la legislación de este país y que se identifique a los beneficiarios finales de sociedades, contratos, patrimonios autónomos o negocios jurídicos relacionados.
Esta información, que ya se encuentra en Estados Unidos, está ligada a la otra investigación de la Fiscalía contra Ricardo Roa por la violación de los topes de gastos para la campaña Petro Presidente. La imputación se realizó luego de tres intentos fallidos por ausencias de Roa.
En cuanto a la triangulación de dinero, la denuncia pone la lupa sobre los movimientos financieros que realizó Roa en el primer semestre de 2022, en plena campaña. En este periodo, las transacciones alcanzaron un monto de más de 63.000 millones de pesos, en especial por créditos tomados con la Cooperativa Confiar y la Cooperativa EPM, y que fueron cancelados en seis meses.
Respecto a las transacciones internacionales, hay un cruce de movimientos considerados sospechosos que también coinciden con la campaña. Se investiga si el destino de ese dinero fueron cuentas en Estados Unidos, Panamá, Brasil, Honduras y las Antillas Holandesas. Lo llamativo de estas operaciones, según la denuncia, es que el dinero que regresó a Colombia pudo haber sido mayor.
La denuncia plantea la posibilidad de que dineros provinieran “del Pacto de La Picota, incluyendo los presuntamente aportados por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, cabecilla de La Inmaculada, extraditado a Estados Unidos”. Antes de su extradición, este criminal envió un audio a la periodista Vicky Dávila en el que habló de la entrega de dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, el hermano del presidente.
“Si estamos hablando de comprar funcionarios, creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero”, advirtió Pipe Tuluá en el audio.
El abogado Alzate aseguró que altas fuentes de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmaron que, al parecer, también hay montos de dinero en efectivo que habría enviado la disidencia de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, responsable del crimen de Miguel Uribe Turbay, según la confesión de alias el Viejo, capturado por el magnicidio.
Justamente, el abogado pide a la Uiaf, al Consejo Nacional Electoral, a la Dian y a la Contraloría un “análisis integral de extractos bancarios, reportes de operaciones sospechosas (ROS), reportes de transacciones en efectivo, registros contables, libros oficiales, declaraciones tributarias, soportes financieros, informes de auditoría, contratos, registros de aportantes, reportes de ingresos y gastos de campaña”.
Esta denuncia que llegó a la Ofac, en Estados Unidos, y a la Fiscalía también fue radicada en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue al presidente Petro y su posible relación con estas transacciones.
SEMANA se comunicó con Juan David León, abogado de Ricardo Roa, quien manifestó que su cliente no ha sido notificado de una investigación en Estados Unidos y que “sus movimientos y transacciones financieras han sido absolutamente transparentes y dentro de los parámetros estrictos de legalidad”.
Explicó que el dinero de los préstamos fue gestionado a través de las cuentas de campaña a su nombre, como gerente, y añadió que, “una vez recibidos los recursos aprobados por la autoridad electoral, se produjo el pago de los créditos”.
El abogado León negó la “magnitud” de las transacciones al exterior. Hizo referencia a 100.000 dólares al regreso de Roa desde Honduras, donde trabajó tres años, y al envío de 1.500 dólares a su pareja, que estaba estudiando en Estados Unidos. Sobre Joan Caicedo, manifestó que trabajó formalmente en la campaña y “era el encargado de efectuar los pagos y transferencias”.
Estas fueron las preguntas enviadas por SEMANA a Juan David León, abogado de Ricardo Roa:
SEMANA: ¿Su cliente, Ricardo Roa, fue denunciado en Estados Unidos y se pide que se revisen todas sus cuentas y que sea incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por movimientos que resultan extraños y no justificados en sus cuentas, en especial, en medio de la campaña a la presidencia?
JUAN DAVID LEÓN: El doctor Ricardo Roa, a la fecha, no ha sido notificado de ninguna investigación en curso ante las autoridades de los Estados Unidos. El comportamiento y registro de sus movimientos y transacciones financieras ha sido absolutamente transparente y dentro de los parámetros estrictos de legalidad; todas las transacciones que ha realizado, en particular las relacionadas con su rol como gerente nacional de campaña, cuentan con soportes legítimos y transparentes respecto de su procedencia y destinación, dentro de trazabilidad plenamente identificable y verificable. Nunca ha tenido un solo llamado de atención ni proceso de rectificación por parte de la DIAN.
SEMANA: ¿Cómo se justifica que, en coincidencia con las elecciones, en las cuentas personales de Ricardo Roa se movieron 63.000 millones de pesos, que además le prestaron sin ningún tipo de garantía y fueron pagados en cerca de seis meses?
J.D.L.: Es necesario aclarar, en primer lugar, que NO SE TRATA DE CUENTAS PERSONALES. Un monto cercano al mencionado por usted en su pregunta, fue gestionado mediante las cuentas únicas de la campaña para las fases de consulta interpartidista y de primera y segunda vuelta de la campaña presidencial, las cuales fueron abiertas a nombre de Ricardo Roa, en su calidad de Gerente Nacional de Campaña; sin que ello signifique que se trataba de cuentas personales. Las tres cuentas fueran abiertas en la Cooperativa Confiar, entidad financiera en la que se administraron los recursos, tanto ingresos como gastos en dicha contienda electoral, recursos que además fueron sometidos a cuatro auditorías diferentes y una vez auditados, reconocidos y certificados fueron pagados por la autoridad electoral. Gracias a esto, una vez recibidos los recursos se produjo el pago de los respectivos créditos y obligaciones adquiridas con proveedores de la campaña.
SEMANA: Hay una serie de movimientos en el exterior, 1.500 millones de pesos salieron de Colombia y regresaron 1.700 millones. ¿Cómo se justifican esos movimientos y la diferencia en el monto?
J.D.L.: Nunca mi cliente ha efectuado transacciones, al o desde el extranjero en las magnitudes que usted señala, y desconoce la fuente de información de los montos a los que usted se refiere. Las únicas transacciones desde y hacia el extranjero fueron las relacionadas con el ingreso al país de sus ahorros y liquidación de trabajo, desde Honduras, donde laboró por casi tres años; en un monto cercano a los 100 mil dólares efectuados mediante transacciones, a través de su cuenta personal y de las plataformas bancarias correspondientes, quedando además registrada toda su trazabilidad. En cuanto a las salidas de recursos al exterior, se registro en el primer semestre del 2022 el envío a través de la misma plataforma bancaria de 1.500 dólares durante cuatro meses, girados a una cuenta en los Estados Unidos a nombre de Julián Caicedo mientras cursaba sus estudios de ingles.
SEMANA: ¿Por qué aparecen en esas transacciones la pareja de Ricardo Roa, Julián Caicedo, un familiar de él llamado Joan Sebastián Caicedo; la exconcejal Blanca Inés Durán, y los particulares Daniel Santiago Peña, Alexis Castro, César Henao Acevedo, Mateo Neira Loaiza?
J.D.L.: Con la ultima parte de la respuesta anterior se dio respuesta a las transacciones relacionadas con Julián Caicedo. Respecto de Joan Sebastián Caicedo, él hizo parte de la estructura de la campaña, era el encargado de efectuar los pagos y transferencias, por lo cual devengo un salario y era el único autorizado para efectuar todas las transferencias y pagos de la campaña.