El horror, la barbarie y el terror se han apoderado de la Colombia profunda, aquella habitada, en su mayoría, por humildes campesinos que trabajan la tierra y viven con menos de un salario mínimo al mes. Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo los tienen sometidos a ciclos de violencia que parecen no terminar y cada vez son más preocupantes.
SEMANA revela la cruda radiografía de poblaciones que parecen no importarle a nadie. Desde las montañas de Jamundí, en el Valle del Cauca, hasta las veredas más apartadas del Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia y la Costa Caribe, las comunidades denuncian una realidad que permanece lejos de los reflectores nacionales: restricciones para movilizarse, horarios obligatorios de circulación, imposición de normas de comportamiento, cobros ilegales, reclutamiento forzado, amenazas permanentes y asesinatos ejemplarizantes para quienes desafían las órdenes de las estructuras armadas.
La situación ha alcanzado niveles alarmantes en zonas donde las disidencias de las Farc, especialmente las estructuras al mando de alias Calarcá y de alias Iván Mordisco, han consolidado mecanismos de control social que, según denuncian líderes comunitarios, les permiten decidir aspectos de la vida cotidiana de los habitantes.
Campesinos consultados por este medio describen un escenario en el que cualquier movimiento es vigilado. Los grupos ilegales conocen quién entra, quién sale, qué cultiva cada familia, cuánto produce una finca y hasta quién visita una vereda. En muchos casos, los pobladores aseguran que deben informar previamente sus desplazamientos para evitar ser señalados como colaboradores de organizaciones rivales.
El reciente asesinato de cuatro campesinos en la zona rural de Remedios, Antioquia, dejó al descubierto nuevamente la crudeza de esta realidad. Las disidencias de alias Calarcá, que fue nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, los sacaron de su finca, los exhibieron por todo el pueblo, fotografiaron sus rostros y luego los masacraron con tiros de gracia. Y no contentos con eso, les quemaron el predio para obligar a familiares a vender a precios irrisorios. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio en una finca ubicada en la vereda Las Camelias. Días después, integrantes del frente 4 de las disidencias de las Farc reconocieron públicamente su responsabilidad en la matanza mediante un video difundido en redes sociales.
En la grabación aparece una mujer identificada como alias Samanta Ruiz, conocida dentro de la organización como la Enfermera, quien leyó un comunicado en nombre de la estructura armada. Allí confirmó que hombres bajo el mando de alias John Fiera ingresaron al predio rural y ejecutaron una acción armada que terminó con el asesinato de cuatro personas.
La organización justificó el crimen señalando que las víctimas supuestamente colaboraban con el Clan del Golfo, una afirmación que no ha sido corroborada por las autoridades judiciales.
Pero detrás de la masacre emerge una realidad todavía más devastadora. En numerosas regiones del país, los campesinos aseguran que las acusaciones de colaboración con grupos rivales se han convertido en una sentencia de muerte sin posibilidad de defensa.
SEMANA conoció el testimonio de una líder social amenazada por organizaciones armadas que continúa recorriendo comunidades rurales pese al riesgo permanente.
“Los grupos armados hacen lo que quieren porque no existe una presencia suficiente de la fuerza pública. Cuando se enfrentan entre ellos, las comunidades quedan atrapadas en medio del fuego. A la gente le toca cooperar o abandonar la región. Si no obedecen, los matan”, relató. La dirigente aseguró que muchas familias campesinas sobreviven sometidas a exigencias permanentes de las organizaciones ilegales.
“A las fincas llegan los comandantes y ordenan que les preparen comida. No es una solicitud. Es una orden. Si alguien se niega, inmediatamente queda señalado. Después vienen las amenazas y muchas veces las masacres. Los campesinos están completamente indefensos”, afirmó.
Los relatos recogidos por este medio describen escenas dramáticas que se repiten en distintos departamentos del país. Familias enteras abandonando sus parcelas en cuestión de minutos. Padres huyendo con sus hijos sobre mulas y caballos mientras escuchan ráfagas de fusil a pocos metros. Viviendas dejadas abiertas. Animales abandonados. Cosechas perdidas.
En varias regiones, según denuncias comunitarias, los grupos armados no solo expulsan a los habitantes, sino que posteriormente se apropian de los terrenos. Algunas fincas terminan convertidas en corredores estratégicos para el narcotráfico, centros de abastecimiento o puntos de control territorial.
La situación también golpea con fuerza al suroccidente. En Jamundí, Cauca y Nariño, comunidades rurales han denunciado la imposición de reglamentos de comportamiento elaborados por estructuras ilegales. En algunos sectores, los habitantes deben respetar horarios de circulación establecidos por los grupos armados. En otros, cualquier reunión comunitaria requiere autorización previa. Incluso actividades tan cotidianas como transportar alimentos, comercializar productos agrícolas o desplazarse entre veredas pueden generar sospechas y represalias.
La expansión territorial de las disidencias también ha transformado la vida de los campesinos en Caquetá, donde pobladores denuncian controles permanentes sobre la movilidad y la economía local.
En la Costa Caribe, particularmente en zonas de Cesar, Bolívar y Córdoba, el panorama tampoco ofrece alivio.
“Cuando llegan los hombres armados, siempre hay que entregar parte de la producción. A veces es café, otras veces ganado o dinero. Ellos dicen que es para garantizar la seguridad. En realidad es una obligación que nadie puede rechazar”, contó una campesina de 55 años que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad.
Las denuncias coinciden en un punto: el miedo. Miedo a hablar. Miedo a denunciar. Miedo a permanecer en sus tierras y también miedo a abandonarlas.
En extensas zonas rurales de Colombia, la autoridad visible no es un alcalde, un inspector de Policía o un juez. Son hombres armados que recorren caminos veredales, elaboran listas, emiten órdenes y aplican castigos.
La masacre de los cuatro campesinos en Antioquia no aparece como un hecho aislado. Para quienes habitan estas regiones, representa apenas una nueva evidencia de una tragedia silenciosa que se extiende por cientos de municipios, donde miles de familias continúan viviendo bajo la sombra permanente de organizaciones armadas que han convertido el campo colombiano en un escenario de control, intimidación y muerte.