La elección del nuevo rector de la Universidad del Pacífico (Unipacífico) entró en un escenario de incertidumbre luego de que la Procuraduría General de la Nación iniciara una actuación preventiva para revisar las decisiones adoptadas por el Consejo Superior Universitario, tras la suspensión del proceso electoral.
El Ministerio Público solicitó explicaciones urgentes a la institución y otorgó un plazo improrrogable de dos días hábiles para que entregue toda la documentación relacionada con el trámite de una recusación que terminó frenando la elección de la máxima autoridad académica de la universidad.
La actuación preventiva busca establecer si las decisiones administrativas se ajustaron a los principios de legalidad, transparencia, debido proceso e imparcialidad, en medio de una creciente controversia por la forma en que se ha desarrollado el proceso de designación del rector.
La polémica surgió después de que el Consejo Superior suspendiera el cronograma electoral para revisar la lista definitiva de aspirantes habilitados. La decisión se produjo tras la presentación de una recusación contra la presidenta del Consejo Superior Universitario, quien actúa como delegada del Ministerio de Educación, por un presunto exceso en el ejercicio de sus funciones durante una sesión extraordinaria.
Según se ha conocido, en dicha reunión se habría planteado la posibilidad de excluir de la contienda a uno de los candidatos, Dagoberto Riascos, luego de que apareciera un reporte fiscal de la Contraloría General de la República.
Frente a esta situación, Riascos rechazó públicamente la suspensión del proceso y aseguró que se trata de una actuación que vulnera las reglas establecidas para la elección. A través de sus redes sociales calificó la decisión como “una maniobra dilatoria y arbitraria que viola el reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad”.
El aspirante afirmó que al momento de formalizar su inscripción cumplía con todos los requisitos legales exigidos para participar en la convocatoria. Asimismo, sostuvo que el reporte de la Contraloría fue resuelto de manera inmediata, por lo que considera injustificada la intención de excluirlo de la competencia cuando, según él, su candidatura había logrado un amplio respaldo dentro de la comunidad universitaria.
En su requerimiento, la Procuraduría solicitó copia de todas las actuaciones administrativas relacionadas con la recusación, así como los documentos que sustentaron la decisión de suspender el cronograma electoral y detener temporalmente el proceso para elegir al nuevo rector.
Por ahora, el organismo de control aclaró que su intervención corresponde exclusivamente a una actuación preventiva y no representa la apertura de un proceso disciplinario ni una decisión de fondo contra los integrantes del Consejo Superior Universitario. El objetivo es verificar que las actuaciones adelantadas respeten las garantías legales y administrativas que deben regir este tipo de procesos.
El caso de Unipacífico se suma a otras controversias recientes alrededor de la elección de rectores en universidades públicas del país.
En la Universidad Popular del Cesar también han surgido cuestionamientos sobre el proceso de designación de sus directivas, mientras que en la Universidad Nacional la ministra de Educación designada, Viviane Morales, solicitó al Consejo Nacional de Educación Superior aplazar la elección de su representante ante el Consejo Superior de esa institución hasta que se esclarezcan las presuntas irregularidades en la conformación de la terna y se posesione el nuevo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Estos episodios han reavivado el debate sobre la transparencia, la autonomía universitaria y las garantías que deben rodear la elección de las máximas autoridades de las instituciones públicas de educación superior.