Por medio de una tutela, el exalcalde de Cartagena, William Dau, busca tumbar una inhabilidad automática que le activó la Procuraduría General de la Nación, después de que acumuló tres sanciones disciplinarias en su contra por distintos procesos.
Aunque la tutela ya fue declarada improcedente en una primera instancia, su abogado Simón Hernández radicó un recurso de impugnación contra esa decisión, al considerar que la decisión del juez se basó en aclarar que hay otros mecanismos administrativos y judiciales, pero no habría analizado si “estos resultaban realmente idóneos y eficaces”.

Dicho juzgado sostuvo que el exalcalde Dau Chamat tenía otros mecanismos ordinarios de defensa antes de acudir a la tutela, como las Procuradurías Delegadas que conocieron las actuaciones disciplinarias para solicitar el control de las sanciones, la revisión del proceso o la revocatorio de la inhabilidad en cuestión.
Por esos argumentos es que el abogado Hernández impungó esa primera decisión de la justicia para que revise la inhabilidad automática que le impuso la Procuraduría, después de que acumuló tres sanciones en diferentes procesos disciplinarios que avanzan en su contra.
“Lo reprochado, entonces, no es simplemente la existencia de sanciones disciplinarias previas, sino que la Procuraduría General de la Nación, a partir de la acumulación de aquellas, registre una inhabilidad para desempeñar cargos públicos sin que exista revisión judicial”, advirtió la defensa de Dau.
Simón Hernández reconoció en el recurso que las sanciones disciplinarias individuales constituyen el antecedente de la inhabilidad, sin embargo, esa consolidación automática de una restricción de derechos políticos, se dio “sin control judicial”, según el jurista.

El recurso también recordó que la Corte Constitucional estableció que las inhabilidad en contra de servidores públicos de elección popular solo pueden quedar en firme, una vez sean revisadas por un juez de la República, que en este caso sería un magistrado del Consejo de Estado.
Por eso la defensa del exalcalde de Cartagena insistió: “Plantear que, cada uno de los actos administrativos que sumaron las 3 sanciones para que se hiciera efectiva la inhabilidad automática no solo no resuelve el problema constitucional y jurídico de fondo, sino que lo evade”.
Ahora el Tribunal de Bogotá deberá analizar a fondo la impugnación de la tutela y decidir si protege os derechos políticos y el acceso a cargos públicos que, según la defensa de Dau, fueron “vulnerados por la Procuraduría” por la inhabilidad que quedó en su contra sin revisión judicial.
