Uno de los mayores escándalos que ha sacudido el Gobierno de Gustavo Petro, léase el saqueo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tiene un nuevo capítulo. Después de varios meses de investigación, SEMANA pudo establecer que existe una extensa y contundente ponencia que pide llamar a juicio a seis de los congresistas que conformaron en el año 2023 la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República.
Fuentes judiciales confirmaron que esta semana el magistrado ponente presentó ante sus cinco compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el proyecto de acusación en el que hace duros señalamientos y presenta cada uno de los elementos probatorios que ellos, supuestamente, a cambio de contratos votaron de forma favorable los millonarios empréstitos de la Nación ante la banca internacional.
En otras palabras, darle celeridad a la aprobación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
La ponencia describe detalladamente y punto por punto cuál habría sido el papel de cada uno de los congresistas y su rol a lo que la Corte califica como una verdadera “empresa criminal” que puso en riesgo la institucionalidad.
“La prueba muestra como probable que los sindicados habrían aceptado una promesa remuneratoria, esta aceptación habría ocurrido a cambio de cumplir con su función como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que encuadraría con el tipo penal de cohecho impropio”, señaló la misma Corte en el auto de apertura de investigación y que fue revelado en exclusiva por SEMANA en agosto de 2025.
Los fuertes señalamientos recaen sobre los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
La decisión que se tome en los próximos días, sin lugar a dudas, tiene un impacto en el panorama electoral.
Y es que pese a estar inmersos en esta dura investigación, y ad portas de lo que podría ser un juicio, los dirigentes políticos están en plena llamada política por diferentes regiones del país buscando repetir y mantenerse en el Congreso de la República, con excepción de Juan Diego Muñoz.
SEMANA conoció que entre pruebas novedosas y relevantes allegadas al voluminoso expediente durante los últimos meses se encuentran, contenidos en la ponencia, están los explosivos testimonios rendidos por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; así como las pruebas aportadas por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla. Además de sus testimonios los tres han entregado evidencias físicas como chats, comunicaciones, correos electrónicos que comprometen a los parlamentarios.
Pese a que los tres habían entregado su información inicialmente ante la fiscalía, la corte para darle sustento al expediente decidió escucharlos de primera mano en extensas jornadas donde las partes pudieron incluso contrainterrogarlos. De esta forma, a quienes la justicia les otorgó principio de oportunidad, son considerados piezas claves dentro de ese expediente y la base para poder adelantar otras investigaciones que tienen tras las rejas a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; así como con circular roja de Interpol a los exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; y de Función Pública, César Manrique Soacha.
Durante varios meses el magistrado instructor, acompañado por un robusto equipo de policía judicial, se dio a la tarea de recolectar innumerables evidencias, entre las que se destacan registros fílmicos, interceptaciones de llamadas, y chats que comprometen a los políticos en la exigencia de millonarios contratos.
Precisamente, la ponencia que está siendo estudiada por los magistrados de la Sala, será discutida ampliamente donde se decidirá finalmente si los congresistas son acusados o no.
En julio de 2025 el tema de la restricción de la libertad fue discutido. En esa oportunidad, la Sala no avaló la ponencia pedía la orden de captura en contra de los cinco congresistas y un excongresista, que en su criterio era para salvaguardar la integridad del proceso judicial.
El arsenal de pruebas
Tal como lo ha revelado SEMANA durante varios reportajes, existen varias pruebas documentales, testimoniales y técnicas en contra de los congresistas. Una de las más relevantes tiene que ver con las constantes, e injustificadas, visitas de los senadores y representantes a la Cámara que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria a la sede del Ministerio de Hacienda, en pleno centro de Bogotá.
Los registros fílmicos y las minutas dejaron ver los ingresos de los congresistas. Por ejemplo, en el caso del representante conservador Wadith Manzur, se registró su ingreso a la sede ministerial en la mañana del 15 de diciembre de 2023 para reunirse, por algunos minutos, con el jefe de la cartera Ricardo Bonilla.
La declaración de María Alejandra Benavides, quien asistió a varias de esas reuniones, -e incluso fue la funcionaria que recibió en el lobby a Manzur- se convirtió en la clave para unir los cabos sueltos de lo que se habló en dicha reunión. Su testimonio fue complementado por Olmedo López, el exdirector de la UNGRD, quien también estuvo en esos encuentros que se celebraron en el décimo piso del Ministerio.
El desfile de los otros congresistas por la sede de la cartera de Crédito Público también fueron registradas por las cámaras del circuito cerrado de televisión. Sus nombres completos y horas de llegada y salida también quedaron plasmados en las minutas que llenaron muy acuciosamente los encargados de la seguridad.
Coincidencialmente, estos encuentros se realizaban en días clave para la discusión de proyectos del Gobierno en dicha Comisión Interparlamentaria. Los testigos aseguraron que en los cortos pero sustanciosos encuentros se presentó la hoja de ruta para los proyectos, los montos y contratos que se les iba a dar a cada uno de ellos por su voto favorable.
En su declaración ante la Corte, y la cual se extendió por tres días, María Alejandra Benavides señaló con nombre propio a los congresistas que la buscaron afanosamente para que le llevara razones al ministro Bonilla frente a los pactos. En el cruce de mensajes se presentaron amenazas, protestas y retaliaciones.
“El representante (haciendo referencia a Wadith Manzur) me dijo que una forma de mostrar que había gestión al interior de la UNGRD era mostrar que hubiese un CDP -es decir un certificado de disponibilidad presupuestal- (...)”, recordó la exasesora en referencia a los mensajes que recibía del dirigente conservador para cuadrar los contratos.
La forma en cómo se estaba realizando la repartija, los porcentajes y las presiones ya había sido detallada por Olmedo López quien, con su bloc de hojas amarillas en las que anotaba los nombres de los solicitantes de cuota, le indicó a la Corte un detalle clave en el Ministerio de Hacienda.
“Por instrucción del Ministro (Ricardo Bonilla), le expuso que existía un acuerdo por cumplir a un grupo de parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, consistente en el direccionamiento de contratos de la UNGRD por un valor aproximado de 93 mil millones de pesos”, expuso el exdirector de la UNGRD.
Declaración que le dio peso a lo dicho por Sneyder Pinilla quien fue el funcionario encargado de contactar a los alcaldes de los municipios de Cotorra (Córdoba); Saravena, Arauca; y Carmen de Bolívar, en Bolívar, para hablar de los proyectos que tenían con la UNGRD. Las copias de estos chats le fueron entregados a la Corte Suprema de Justicia.
La repartija de contratos
Teniendo en cuenta las declaraciones de los tres testigos clave (Benavides, López y Pinilla) la Corte Suprema estableció el organigrama de la repartija de los contratos en diferentes regiones del país en los cuales los congresistas tenían su caudal político o intereses particulares.
Fue así como los congresistas Wadith Manzur, Liliana Bitar y Julián Peinado habrían aceptado los proyectos de obra e intervención que tenía la UNGRD en el municipio de Cotorra, Córdoba. Mientras que Karen Manrique y Juan Diego Muñoz habrían negociado los contratos de los proyectos de la entidad en el municipio de Saravena, Arauca.
En el caso de Juan Pablo Gallo, quien según varios testigos fue el último en llegar a la repartija, se habría realizado una negociación para el proyecto del municipio de El Salado, en Bolívar.
En este punto, la exasesora del Ministerio de Hacienda entregó ante la Corte Suprema detalles de la forma en cómo se establecieron los porcentajes. Esto teniendo en cuenta que ella era la encargada de enviarle al ministro Ricardo Bonilla los recados y peticiones de los congresistas.
“(...) eran 20 para el representante Wadith Manzur, 20 para la senadora Liliana Bitar y 20 para el representante Julián Peinado; 10 para la representante Karen Manrique, 10 para el representante Juan Diego Muñoz y, si el ministro lo consideraba pertinente, 10 para el representante John Freddy Núñez”, le reveló Benavides a la Corte Suprema de Justicia.
Al final de cuentas, el ministro Ricardo Bonilla y el director de la UNGRD, Olmedo López tenían la última palabra frente a la entrega de estos proyectos de obra e interventoría. En el caso del Ministro se sabía que con un escueto “vale, ok” la orden estaba lista para que se direccionaran los contratos y así cerrar el acuerdo pactado con los congresistas.
Los dirigentes políticos, durante toda esta investigación, se han declarado inocentes y han manifestado que han actuado conforme a la ley y a su labor parlamentaria. Será así la Sala de Instrucción la que en los próximos días de su última palabra.