No están condenados, tampoco destituidos. Pero cargan entre pecho y espalda investigaciones y, en algunos casos, menciones en el escándalo más grande en el Gobierno de Gustavo Petro: el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este salpicó al anillo más cercano del presidente porque, al parecer, se entregaron cupos indicativos por parte del Gobierno a congresistas a cambio de aprobar las reformas en el Legislativo y la elección del magistrado Vladimir Fernández, de la Corte Constitucional.
Dicho escándalo tiene en la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, y prófugo al entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. La exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz también está privada de la libertad.
Aunque los exministros, los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla, de la UNGRD, y los expresidentes Iván Name, del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara, están en la cárcel, los congresistas —algunos investigados formalmente y otros mencionados en el escándalo— hacen campaña en las regiones y buscan revalidar sus curules en marzo próximo como si nada hubiera ocurrido.
Wadith Manzur, representante a la Cámara del Partido Conservador por Córdoba, es uno de ellos. Obtuvo 113.357 votos en las elecciones de 2022 y busca duplicar la cifra y llegar al Senado. Hace campaña en varias localidades de Bogotá, entre ellas Bosa y San Cristóbal. También en Ciénaga de Oro, Córdoba; en Tolima y otros departamentos del país.
“Este es Wadith, el que siempre saluda, el que siempre tiene una sonrisa, el que baila, el que canta, el del acordeón, el que es mansito para abrazar, el que escucha, el que espera a su primer hijo, el que no olvida a su gente, el que va rumbo al Senado con el corazón puesto al cien en su gente de Colombia”, dice uno de sus jingles de campaña.
Manzur, quien forma parte de una familia poderosa en Córdoba, es investigado formalmente por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia desde el 12 de noviembre de 2024 por el delito de cohecho impropio. Según el alto tribunal, el joven cordobés y otros congresistas “habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD”.
Una de sus fórmulas a la Cámara es el también conservador Juan Loreto Gómez, quien obtuvo 51.660 votos en las elecciones de 2022 en La Guajira y se quedó con una curul en la Cámara. En un chat del 15 de septiembre de 2023 entre las exasesoras Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides, del Ministerio de Hacienda (cuyas declaraciones llevaron a la cárcel al exministro Ricardo Bonilla), se mencionó a Juan Loreto y se dijo que el congresista estaba “furioso” porque un proyecto en el Gobierno no se movía. Él ha sido mencionado en el escándalo de la UNGRD, pero no hay una investigación formal en su contra.
Loreto Gómez pertenece al clan Soto, una casa política de La Guajira cercana al Hombre Marlboro o Santander Lopesierra, el excontrabandista, quien en su momento fue extraditado a Estados Unidos y señalado de inyectar recursos a la campaña de Petro en 2022.
“Somos una fuerza fuerte en La Guajira. Que se escuche para que respeten a los hombres, el próximo 8 de marzo daremos resultados electorales. Que sepan que la fuerza conservadora llegó para quedarse”, dijo Loreto en una reunión masiva en La Guajira.
A Loreto y Manzur los apoya Bonifacio Henríquez, alcalde de Uribia cuando estalló el escándalo de los carrotanques que contrató el exdirector Olmedo López.
De su puño y letra
Otra de las políticas que busca revalidar su curul en la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz es Karen Manrique. También es investigada por la Corte Suprema a causa del escándalo de la UNGRD.
La Justicia tiene un documento escrito con su puño y letra en el que aparecen relacionados los nombres de varios congresistas beneficiarios de la entidad. El exdirector Olmedo López lo entregó.
Esa hoja pertenece a una libreta tamaño media carta, cuadriculada, de color amarillo, en la que se observan dos tipos de letra: una, la de la representante Manrique, según reveló Olmedo López, y la de él. Sería una negociación en la que los congresistas que aparecen relacionados habrían vendido sus votos a cambio de contratos.
Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, vinculó obras por 30.000 millones de pesos para la reducción del riesgo en el río Bojaba, en Saravena, Arauca, por donde se mueve Karen Manrique. Ella también hace política en Tame, Fortul y Arauquita, zonas donde los candidatos del Centro Democrático no pueden hacer proselitismo por amenazas del ELN.
“Nuestra palomita verde 501 sigue consolidando su liderazgo con respeto y amor por el territorio”, se publicita Manrique, haciendo mención a su número en el tarjetón en las elecciones de marzo.
Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, también aspira a revalidar su curul por el partido Mais. “Con la manta bien puesta”, se lee en la publicidad que divulga en las rancherías de La Guajira, hasta donde llega a impulsar sus votos entre los wayús.
“Mujer de palabra, con raíces de dolor, su voz es el viento que trae un mejor olor. La tierra la llama”, dice su eslogan.
Esta semana convocó una caravana de vehículos que se movieron por La Jagua, El Molino, Villanueva, San Juan, Distracción, Barrancas y Fonseca, entre otros municipios de La Guajira.
Peralta resultó mal librada en la imputación que la Fiscalía les hizo a los exministros Velasco y Bonilla, en diciembre de 2025, porque el ente acusador afirmó que la congresista guajira, criticada por sus excentricidades en sus viajes a Europa, pidió al Gobierno direccionar contratos hacia varios congresistas de la coalición petrista que reclamaban mayor participación burocrática.
Olmedo López se ha referido a Peralta. Le dijo a la Fiscalía que el 13 de junio de 2023, cuando la Comisión Séptima del Senado debatía la entonces incierta reforma pensional, él, por instrucciones del entonces ministro Velasco, se había reunido con ella. En el encuentro, según López, hablaron de un apoyo a la senadora Berenice Bedoya, del partido ASI, a cambio de empujar la iniciativa de Petro en el Legislativo.
“El 13 de junio de 2023, Berenice le envió un documento a Olmedo López en una imagen, en el cual se visualiza una tabla con un proyecto de la UNGRD en el Meta, Puerto Concordia (...). El mismo 13, Berenice le envió dos mensajes, los cuales fueron eliminados y no permiten visualizarse”, explicó la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, que investiga el escándalo de corrupción.
La senadora Berenice Bedoya —quien, al parecer, formó parte de la burocracia en el Fondo Adaptación porque su yerno, Johan Steven Londoño, fue nombrado subgerente— también trabaja para revalidar su curul al Congreso. Ha adelantado reuniones en Cundinamarca, Huila, Bogotá, Santander y Valledupar, entre otras ciudades.
“Mi trayectoria ha sido siempre una promesa cumplida de trabajo honesto, compromiso social y resultados para la gente”, se promociona.
Por otro lado, Iván Name, expresidente del Senado, quien hoy permanece recluido en la cárcel La Picota tras decisión de la Corte Suprema por el escándalo de la UNGRD, no quiere quedarse sin poder en 2026 y hará política en cuerpo ajeno.
Ungió a su exesposa María Clara Ramírez, quien ha sido concejal de Bogotá en varios periodos y ocupa el número 55 en el tarjetón por el Partido Conservador al Senado.
SEMANA habló con varios dirigentes conservadores y confirmó que, inicialmente, Name contempló el nombre de su hijo, quien tiene su mismo nombre, pero descartó la idea. Como si fuera poco, el expresidente del Senado respalda la aspiración de su sobrino al Senado, Leonidas Name, por el Frente Amplio Unitario. Él fue secretario general de Gestión del Riesgo en la UNGRD.
A todos ellos, la Registraduría no puede impedirles su inscripción porque no están condenados ni inhabilitados. El debate es ético.
