De lo único que se habló en estos casi dos años de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía fue de reorganización y reestructuración. En 2024, en la primera rendición de cuentas, el vicefiscal Gilberto Guerrero aseguró que el primer año de administración se enfocó en dejar la casa en orden.
Sin embargo, las llamadas obras de reconstrucción de la entidad parecieran tener un otrosí porque se extendieron a 2025. El año que pasó estuvo lleno de resoluciones y directivas con las que se hicieron cambios extremos que afectaron direcciones de gran peso, como crimen organizado, seguridad territorial y corrupción.
La entidad entró a un escenario de obra negra, le dijeron los funcionarios a SEMANA. Cuantos más cambios se hacían, más escepticismo había en los pasillos del ente acusador. Las unidades con los casos de connotación nacional empezaron obra con nuevas estrategias que incluyeron traslados y reasignación de procesos, en los que hubo pocos avances y lentitud.
La promesa de la Fiscalía para los próximos dos años de administración, luego de la remodelación que se puso en marcha a través de resoluciones y directivas, es entregar los tan esperados resultados. Por ejemplo, en el caso de Nicolás Petro, que sigue caminando a paso lento. Aunque le fue abierto un nuevo proceso por corrupción, se espera que por fin la Fiscalía logre probar los delitos que el hijo del presidente Gustavo Petro confesó en principio.
La Fiscalía tendrá que mostrar su nueva fachada, dar resultados y marcar su posición frente a la ola de violencia que vive el país. Los inexplicables beneficios a delincuentes promovidos por el Gobierno, como la suspensión de órdenes de captura a criminales y la extradición de narcotraficantes refugiados en la paz total, son puntos que le han pasado factura a la imagen de la fiscal Camargo.
Otros pendientes de la Fiscalía, además del juicio y segundo proceso contra Nicolás Petro por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y ahora por corrupción con contratos de la Gobernación del Atlántico, son las denuncias contra Verónica Alcocer por cuenta de los contratos que se firmaron por su condición de primera dama, sin serlo, como lo advirtió el propio presidente.
Asimismo, procesos con saldo en rojo son las investigaciones que vinculan a Laura Sarabia con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el polígrafo ilegal a Marelbys Meza. En el caso del ministro Armando Benedetti, son varias las investigaciones que incluyen hasta violencia intrafamiliar y corrupción. Contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, hay varias investigaciones, principalmente por la financiación de la campaña presidencial y la compra de un lujoso apartamento al empresario Serafino Iácono, ligado estrechamente al sector de la energía.
Esas investigaciones pasaron 2025 sin noticias o decisiones, apenas el mero anuncio de indagación. Se espera que con la consolidación del plan estratégico por fin haya más resultados que resoluciones en 2026.
“Es apenas obvio que, si mueven fiscales y reasignan procesos, los funcionarios van a tener que parar y pasarán meses antes de que estudien y se atrevan a tomar decisiones en cada proceso. Eso, sin querer, termina frenando la actividad de la Fiscalía”, le señaló un funcionario a SEMANA.
Entrar en obra, claramente, afectó la actividad investigativa del ente acusador. Se congelaron procesos por cuenta de la puesta en marcha de las estrategias y de la misma capacidad de los funcionarios que asumieron los nuevos expedientes y despachos en diferentes ciudades.
La Fiscalía advirtió que los procesos de mayor relevancia se mantendrían con los mismos fiscales para evitar tropiezos en la actividad y los resultados que espera el país. Casos como las chuzadas a Marelbys Meza y las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente no entraron en la remodelación, pero otros expedientes terminaron bajo los escombros de forma inexplicable.
El expediente contra alias Calarcá se convirtió en un escándalo nacional y un ejemplo, según los funcionarios, de una desconexión entre el nivel central de la Fiscalía y los territorios. Se trató de un proceso que por más de un año durmió el sueño de los justos. El asunto fue tan grave que la fiscal Camargo tuvo que reconocer una falla en la comunicación, pues las directivas no fueron informadas de la investigación, menos de las decisiones.
“Esto es una falla y lo estamos admitiendo. Estamos diciendo que la fiscal del caso no tiene un caso simple ni pequeño… Esta investigación para nosotros empezó ayer, no empezó hace un año porque ayer conocimos la información; no hace un año y medio, la conocimos ayer”, dijo la fiscal.
El asunto radica, según los funcionarios consultados por SEMANA, en que el plan estratégico 2024-2028 de la fiscal Luz Adriana Camargo incluye un proceso de reorganización y reestructuración, que se puso en marcha en varios frentes y de forma simultánea. De ahí que la Fiscalía parezca estar en obra negra, principalmente en direcciones medulares para el cumplimiento de la labor fundamental del ente acusador: investigar.
Estrategia en construcción
Una decisión controversial en esta administración fue eliminar el llamado Censo Delictivo, una herramienta que durante más de dos administraciones fue la fuente de información más grande del país. Allí se condensaban los hechos criminales y las actividades de la misma Fiscalía. En su momento, SEMANA consultó a los directivos de la entidad y concluyeron que el censo le estaba entregando una realidad alterada al país.
Luego, la Fiscalía emitió la Resolución 0562, que incluyó la política de priorización de la entidad “con enfoque territorial”. Desde ese momento se planteó que las investigaciones tendrían un tratamiento distinto, una nueva dinámica para atender los casos no como hechos aislados, sino bajo la lupa del contexto y lejos de las cifras como referente de efectividad.
“La priorización con enfoque territorial implica la revisión constante y gestión estratégica de la carga de trabajo y el flujo de casos que son puestos en conocimiento de la entidad según las características, dinámicas y necesidades de cada región a partir de la adopción de decisiones diferenciadas, focalizadas y en aplicación de criterios previamente establecidos”, señaló la resolución de la Fiscalía.
La remodelación continuó con las resoluciones que se convirtieron en los planos de un proyecto sentado: los cinco pilares de la fiscal Camargo para sus cuatro años de administración. A los correos institucionales empezaron a llegar las notificaciones con cambios sustanciales y las nuevas directrices que sacudieron las columnas de la entidad.
“Los cambios requieren mover de sus sillas a algunos funcionarios y eso causa molestia, sacarlos de la comodidad. Pero las decisiones se adoptaron luego de estudios y análisis en territorio, que dejaron como resultado la necesidad de hacer transformaciones en el diseño y metodología de investigación”, dijeron algunas fuentes de la Fiscalía al consultar por los cambios que tanto malestar provocaron entre los funcionarios.
Aun así, el cierre del año dejó importantes resultados en materia de investigación. El magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe, el asesinato de dos niñas envenenadas con talio, el escándalo de la UNGRD, según la fiscal Camargo, demuestran que “los cambios en el direccionamiento estratégico son una realidad y se están materializando”.
