Tras una intensa sesión que contó la presencia de dos conjueces, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia avaló este miércoles, 11 de marzo, parcialmente, la ponencia que pedía llamar a juicio a cinco congresias y un excongresita por el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la decisión judicial se impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad y se ordenó la captura inmediata de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, que hicieron parte, en el año 2023, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso de la República.
De esta forma, fueron llamados a juicio por el delito de cohecho impropio los congresistas Wadith Manzur (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal); y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
En la decisión se señaló que estos dirigentes políticos habrían utilizado sus cargos para exigir contratos y proyectos que estaban en poder de la UNGRD; y así para darle celeridad a la aprobación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
“En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de estos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar”, precisó el alto tribunal.
Para acordar esto, se celebraron varias reuniones tanto en las sedes de los Ministerios de Hacienda como del Interior, en el centro de Bogotá.
En el caso de Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Pablo Gallo; y el excongresista Juan Diego Muñoz, se determinó que pueden defenderse en libertad.
La Sala le notificará en las próximas horas al Congreso de la decisión con el fin que los cinco congresistas que siguen ejerciendo sean suspendidos del ejercicio de sus cargos.
El aservo probatorio
Fuentes cercanas al caso le señalaron a SEMANA que después de una intensa discusión se consideró que existían méritos para llamar a juicio a estos dos congresistas, quienes, casualmente, resultaron reelectos para un nuevo periodo legislativo el pasado 8 de marzo.
El alto tribunal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos materia de investigación y el hecho que los dirigentes políticos pueden seguir incurriendo en conductas delictivas.
Entre las pruebas novedosas y relevantes allegadas al proceso durante los últimos meses se encuentran los duros y muy detallados testimonios de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; revelados en exclusiva por SEMANA.
“Yo tengo un chat con el representante Wadith el 8 de noviembre, en el cual, al saber que ellos no querían asistir a la sesión del 9 de noviembre (para crear incentivos tributarios a patrocinadores del fútbol femenino), yo le digo algo así como: ¿qué más falta? (...) Después de ese chat, en la sesión del 28 de noviembre hay cuórum, y los congresistas votan ciertos créditos”, detalló la exasesora en su extensa declaración ante el magistrado Misael Rodríguez.
Este escándalo de la UNGRD ha llegado a las altas esferas del Gobierno Petro tocando a funcionarios de su más alta confianza. No en vano, tiene en un centro carcelario a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; así como con circular roja de Interpol a los exdirectores del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González; y de la Función Pública, César Manrique Soacha.