En las investigaciones por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el escándalo más grande de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Corte Suprema de Justicia tiene un capítulo especial frente a los congresistas de la Comisión de Crédito Público. Ellos, supuestamente a cambio de contratos, votaron de forma favorable los millonarios empréstitos de la nación ante la banca internacional.
En medio de las pesquisas se dio una orden judicial: los celulares de todos los congresistas fueron interceptados desde agosto de 2024 y durante cerca de un año. Las conversaciones de los senadores Liliana Esther Bitar y Juan Pablo Gallo, los representantes Julián Peinado y Karen Astrid Manrique, así como del excongresista Juan Diego Muñoz, fueron escuchadas.
Para los investigadores quedó claro que los congresistas sabían que sus líneas podían estar interceptadas, y no era para menos. El escándalo crecía como la espuma, pues los expresidentes Iván Name, del Senado, y Andrés Calle, de la Cámara, ya habían sido salpicados y se había destapado la compra de votos de la Comisión de Crédito Público, encabezada por los hoy detenidos ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, según el proceso judicial.
La sala Zeus Oro de la Fiscalía se dispuso para hacer las escuchas telefónicas. Aunque se escucharon algunas perlas de los congresistas investigados y de contratistas involucrados, la principal conclusión fue que, por líneas convencionales del celular, los implicados no hablaban del tema y preferían usar aplicaciones de mensajería para evitar ser escuchados.
“Con fundamento en los resultados obtenidos del monitoreo y escucha, se infiere que los usuarios de los números (XXX) podrían también estar utilizando aplicaciones como WhatsApp y otras plataformas, con la finalidad de intercambiar información de relevancia, medio que quizás, en su conocimiento y consideración, serían más seguras para efectuar sus comunicaciones”, advierten repetidamente los informes de la Policía Judicial de la Fiscalía al magistrado Misael Rodríguez, de la Sala de Instrucción.
Además de los congresistas, en estas interceptaciones fue incluido el teléfono de la mamá de la testigo estrella María Alejandra Benavides. El motivo es particular: los investigadores notaron que la exasesora del Ministerio de Hacienda estaba usando esta línea para mantener la privacidad. También fue interceptada Andrea Ramírez, quien era la jefe de Benavides y le ordenó manejar la tabla de cupos indicativos (obras públicas) con los que presuntamente se compraba la conciencia de los parlamentarios.
Diana Carolina Martínez, secretaria de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, uno de los principales testigos del caso, está incluida en la orden de interceptaciones, al igual que Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia, quien incluso fue su padrino de matrimonio. Los contratistas Óscar Cárdenas y Édgar Niño, y Yacir Ramírez, quien fue asesor en la UNGRD, también fueron interceptados.
Aunque los implicados trataron de blindarse de las escuchas, hay algunos detalles en sus conversaciones. En una de las síntesis de las comunicaciones presentadas por los investigadores se hace referencia al senador Juan Pablo Gallo y dice lo siguiente: “Un hombre desconocido le dice a Juan que le cuenta, no para chisme, sino que esos temas son muy delicados, pero que, sin embargo, se lo diga a una tercera persona, quien al parecer interviene en la llamada diciendo: ‘La ministra aseguró que a mí en un mes me capturan, eso es lo que están diciendo’”.
En otra llamada, una mujer familiar del senador le dice que lo quiere ver en otras condiciones, a lo que responde: “Me están investigando por ayudarle al ministro, o por lo que se puede denominar como que me compró el ministro. El señor así, literal, no me saluda nunca, no sé cuánto lleva de ministro, como año y pico; se para al lado mío, no me saluda, es odioso (…). Se ensañan con Alejandro, lo sacan como a un perro de un ente que está adscrito al ministerio, pero, además, lo sacan tres meses antes de los hechos por los que me están investigando; esa es la dádiva que me dieron”.
Otra de las investigadas es la representante Karen Manrique, señalada de haber escrito la denominada prueba reina: un documento en el que, de su puño y letra, le exige a Olmedo López cumplir con la entrega de contratos, mencionando por nombre a los congresistas de la Comisión de Crédito Público implicados.
Un hombre le pregunta a Manrique cómo va la investigación y, pese a las pruebas en su contra, apunta contra la Corte Suprema de Justicia: “Ahí está en la Corte, pagando abogados y defendiéndome, porque siempre es difícil ese tema (…) pero la Corte está politizada; lastimosamente, la Justicia no es justa como debería ser, tiene mucho sesgo político”.
Otro investigado, el excongresista Juan Diego Muñoz, recibe la llamada de una persona que le manifiesta que le preocupan los procesos y que, si necesita ayuda, que le informe. Muñoz le responde: “Precisamente, quería hacerle una consulta. Lo que pasa es que me lo volvieron muy mediático por el tema político; yo no me he prestado para pendejadas”.
En otra interceptación, a Andrea Ramírez, jefe de María Alejandra Benavides, ella le dice a quien sería un funcionario del Ministerio de Hacienda: “Creo que no voy a ir, estoy muy cascada”. El hombre le pregunta si está en el ministerio y Andrea responde: “Me acabé de ir porque había periodistas abajo y María Alejandra sacó otra cosa, un montón de mentiras, que ya no puedo más (…) aprovechan y siguen pasando cosas, yo creo que esa niña me quiere acabar”.
Cruce de líneas
En esta orden de trabajo hubo un hallazgo muy particular para los investigadores: dos líneas de teléfono que en principio aparecían a nombre del polémico Jaime Ramírez Cobo terminaron siendo usadas, según los informes, por su amiga Laura Sarabia, entonces directora del Dapre, y, lo más sorprendente, por el presidente Gustavo Petro.
A diferencia de otros casos, como el del expresidente Álvaro Uribe, a quien le interceptaron la línea por error durante varias semanas y aun así le dieron validez a las escuchas en la Corte Suprema, en el caso de Petro ordenaron la cancelación “inmediata” de la escucha. En los oficios de la Corte Suprema también quedó claro que no se pueden valorar como prueba los diálogos de los investigados con sus abogados.
“El día primero de noviembre de 2024, se evidencia en el sistema un audio de salida del 31 de octubre de 2024, con una duración de 6:06 minutos; la persona de sexo masculino que recibe la llamada, identificado como ingeniero Ballardo, se refiere a quien podría ser Gustavo Petro como ‘señor presidente’, ‘muchas gracias, señor presidente’”.
“Aunque el contenido de la conversación no es de relevancia para la investigación, el primero de noviembre de 2024, se informó mediante llamada telefónica al despacho del honorable magistrado que la persona que utiliza el número celular XXX, al parecer, es Gustavo Petro, actual presidente de Colombia”. Este fue el argumento para frenar las interceptaciones.
