Una demanda de pérdida de investidura fue presentada contra nueve congresistas de la República por presuntas actuaciones irregulares relacionadas con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La acción fue interpuesta por Pablo Bustos Sánchez, abogado y presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia (RED VER), organización creada en 1994.
De acuerdo con el documento radicado ante los magistrados, la demanda se dirige contra las senadoras Martha Peralta Epiyeyú y Berenice Bedoya, así como contra los senadores Julio Elías Chagüi, Liliana Esther Bitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya.
También fueron incluidos los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y Juan Loreto Gómez Soto.
En el escrito, Bustos Sánchez actúa “en defensa del interés general, de la moralidad pública y del patrimonio colectivo”, con fundamento en las leyes estatutarias de Veedurías Ciudadanas 850 de 2003 y 1757 de 2015, así como en tratados, convenios y convenciones internacionales contra la corrupción suscritos y ratificados por Colombia.
El demandante se identifica como ciudadano y como “fundador y actual presidente de la RED VER, Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia”.
La acción solicita la pérdida de investidura por la presunta configuración de la causal de “tráfico de influencias”, prevista en el artículo 183, numeral 5, de la Constitución Política.
De manera subsidiaria, se plantea la posible violación del régimen de incompatibilidades, consistente en gestión indebida, con base en el artículo 183, numeral 1.º, en concordancia con el artículo 180, numeral 2, de la Carta Política.
Según el documento, la demanda se presenta como un “juicio ético de responsabilidad política” y tiene como objeto despojar de la investidura a los congresistas accionados por hechos que, según el demandante, se habrían cometido “respecto de la UNGRD”. En el texto se señala que las conductas se endilgan a título de dolo o culpa grave.
