Seis magistrados de la Corte Constitucional se declararon impedidos para discutir en Sala Plena la viabilidad de la segunda emergencia económica decretada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para atender la crisis invernal provocada por las fuertes lluvias en gran parte de la costa Caribe.
Este lunes, 27 de abril, los nueve magistrados de la Sala Plena se reunieron para definir la suerte de esta medida adoptada por el Gobierno nacional para enfrentar las emergencias provocadas por las inundaciones en distintas regiones del país.
El decreto fue emitido por el Gobierno nacional después de que la misma Corte Constitucional suspendiera de manera provisional los efectos de la primera emergencia declarada en el país, tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República. Ese decreto ya fue declarado inexequible por el alto tribunal.
Ahora, los magistrados de la Corte buscan definir la viabilidad y constitucionalidad del segundo decreto expedido a raíz de las emergencias provocadas por la ola invernal. Sin embargo, seis de ellos se declararon impedidos para tomar decisiones de fondo sobre este acto administrativo, que ha sido cuestionado por distintos sectores.
#Nación | “El decreto vulneró los principios democráticos”: Corte sobre la emergencia económica de Petro. https://t.co/DEBk2CYxtX
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 9, 2026
En el sistema del alto tribunal aparecen que los magistrados que presentaron su manifestación de impedimento fueron Miguel Polo Rosero, Carlos Camargo, Natalia Ángel Cabo, Vladimir Fernández, Lina María Esconar y Paola Meneses, la actual presidenta de esa Corte.
Es decir, los únicos magistrados que quedaron habilitados para discutir el decreto de la segunda emergencia económica son Juan Carlos Cortés, Héctor Carvajal y Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente de ese alto tribunal.
En los próximos días se espera que la Corte Constitucional agende una nueva Sala Plena para definir los seis conjueces que entrarán a estudiar y decidir qué ocurrirá con esa emergencia económica decretada por el Gobierno Petro.
Desde el 13 de marzo de este año comenzó a regir ese decreto, que busca atender a los damnificados por las fuertes lluvias en territorios como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
A partir de esa declaratoria, el Gobierno expidió otros decretos que establecieron medidas como un impuesto al consumo del 16 % para los juegos de azar en línea y las casas de apuestas por internet, alivios temporales o amnistías para contribuyentes con deudas en la Dian, y un impuesto del 19 % para quienes ocultaron activos o inflaron deudas inexistentes, entre otras disposiciones tributarias.
Todos estos actos administrativos serán analizados por los conjueces que deberán definir la viabilidad de la segunda emergencia económica declarada por el presidente Petro, luego de que la Corte suspendiera provisionalmente los efectos de la primera.