Los magistrados César Reyes y Marco Antonio Rueda se desmarcaron de la decisión mayoritaria que tomó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para acusar a seis congresistas por el escándalo en la UNGRD, y que dejó a dos de ellos, específicamente a Wadith Manzur y Karen Manrique, en la cárcel.
En un documento de 51 páginas, los magistrados recordaron que en el pasado se abstuvieron de imponer medida de aseguramiento contra los implicados, pero después se terminó ordenando enviar a la cárcel a Manzur y a Manrique sin que “surgieran en realidad hechos ni pruebas novedosas”, sino con soporte en la revaluación del caso.
Pero los magistrados fueron más allá y explicaron en su salvamento de voto parcial que “al igual que sostuvimos frente a los cupos indicativos o partidas de desarrollo regional, en lo que denotamos nuestra coherencia, las negociaciones políticas entre el ejecutivo y los miembros del legislativo en desarrollo de las relaciones interorgánicas del legislativo en desarrollo de las relaciones interorgánicas establecidas en el ordenamiento jurídico corresponden a una consecuencia del diseño estructural del Estado”.
Esa posición entraría a chocar con lo que ha planteado la Fiscalía General de la Nación, pues en medio de las audiencias en contra de ministros de Petro como Ricardo Bonilla o Luis Fernando Velasco, ha llamado como una “empresa criminal” al torcido que se habría dado con contratos de la UNGRD para comprar la conciencia de los congresistas investigados.
La Fiscalía explicó cómo funcionó la "empresa criminal" en la UNGRD. Quiénes eran los protagonistas y cuáles fueron los roles de los funcionarios para concretar los hechos de corrupción por más de un año. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/O3FG27HhCX
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2024
Por este caso están procesados y listos para ir a juicio los congresistas Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Karen Manrique, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado.
Pero los magistrados Rueda y Reyes advirtieron que la decisión de acusarlos y enviar a dos de los implicados a la cárcel podría causar “vestigios de especulación” y hasta mencionaron un “peligrosismo que se supone erradicado en el estatuto punitivo por voluntad del legislador”.
Lo cierto es que desde hace varias semanas la Corte Suprema llamó a juicio a los congresistas de la Comisión de Crédito Público, investigados por ese caso, pero hasta el momento el proceso no ha llegado a la Sala de Primera Instancia para que asignen magistrado y se dé inicio al juicio en su contra.