El pasado 20 de julio, la guardia pretoriana, compuesta por los parlamentarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, lo acompañó hasta el Capitolio, en donde se posesionó el nuevo Congreso y Petro dio su último discurso. Entre los acompañantes había una que sobresalía porque vestía una lujosa manta guajira de gala, bordada especialmente para la ocasión, y por su forma de posar para las fotos.
Se trata de la senadora Martha Peralta Epieyú, investigada por la Corte Suprema de Justicia por ser presuntamente uno de los eslabones clave en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Justamente, el alto tribunal, después de haberla escuchado en indagatoria, está definiendo si es enviada o no a la cárcel.
SEMANA revela la ponencia de la magistrada Cristina Lombana en la que se abstiene de pedir medida de aseguramiento contra Peralta, pero tiene una detallada investigación de la presunta participación de la senadora en hechos de corrupción de la UNGRD en La Guajira.
Entre las pruebas consignadas hay chats, testimonios y contratos que la comprometen, presuntamente, con el saqueo del dinero que el Gobierno Petro prometió invertir para calmar la sed de La Guajira.
La conclusión es clara: “Existe abundante material probatorio que da cuenta de las reuniones que llevaron a cabo, para la época de los hechos, Carlos Ramón González, director del Dapre; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda y Crédito Público (…) en las que fraguaron y se concertaron para la comisión del delito de concierto para delinquir, que les permitieran asegurar las mayorías en el Congreso, para la aprobación de las reformas en que tenía especial interés el Gobierno de Gustavo Petro”.
El documento de la Corte advierte de una estrategia denominada “votos por contratos”, que tenía como objetivos a “congresistas de especial relevancia”; para este caso, los de la Comisión Séptima, donde se discutía la aprobación de la hoy empantanada reforma pensional. La orden de entregar contratos habría sido dada por el ahora detenido exministro Velasco al confeso corrupto Olmedo López, exdirector de la UNGRD.
“En razón de esa orden, López buscó a la senadora Peralta Epieyú y convino una reunión, la cual se realizó en las instalaciones del Congreso, en donde el director de la UNGRD expuso a la senadora investigada que estaba allí para ‘acompañar’ a los congresistas que dieran su apoyo a la reforma y, de una manera tácita, ella también entendió el alcance de ese ‘acompañamiento’ y aceptó la realización de conductas a nombre propio o como coordinadora del grupo de senadores de esa comisión, que llevó a que se adhiriera al concierto para delinquir que habían consumado los funcionarios del Ejecutivo”, se lee en la ponencia en poder de SEMANA.
El acuerdo se habría cerrado cuando, según el documento, “López le dijo que tenía que realizar nombramientos o contrataciones de personal en la UNGRD y le remitió, vía WhatsApp, los perfiles de los profesionales requeridos, frente a lo cual la senadora respondió, por la misma vía, enviándole un listado de 23 nombres, con su identificación, profesión y datos de contacto, para que fueran nombrados en la UNGRD a cambio de voto favorable a la reforma pensional”.
Este acuerdo que la Corte denominó “votos por contratos” está respaldado por capturas de pantalla de la extracción forense del celular de López. Allí se leen los chats con un usuario denominado “MAIS Martha Peralta Presidente Nacional”. Hay conversaciones y una tabla con los 23 recomendados, documentos, teléfonos, correos, profesiones y experiencia.
Ahí se efectuó el conocido nombramiento de la recomendada Carmen Domitilia Iguarán, “a quien identificó como una amiga importante en su proceso político electoral”, quien finalmente fue contratada directamente por López.
Pero no es solo el celular de López el que tiene contra las cuerdas a Peralta. La Corte también realizó la extracción forense del celular de Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD. Pinilla y Peralta usaban la aplicación Signal para comunicarse y chatearon incluso hasta marzo de 2024, cuando el saqueo a la UNGRD ya era un escándalo.
Según la investigación, Olmedo López tenía dificultades para conseguir la maquinaria requerida por el programa de mantenimiento de jagüeyes –pozos artificiales destinados a almacenar agua lluvia–. Ante esa situación, Peralta recomendó a varios proveedores, quienes luego se pusieron en contacto con Sneyder Pinilla para formalizar la contratación.
“Este registro es especialmente ilustrativo, pues objetiva de manera directa que la recomendación de proveedores de maquinaria amarilla provenía de la senadora Peralta Epieyú, quien de este modo no se limitaba a expresar necesidades genéricas de su región, sino que direccionaba, con nombre propio, a los contratistas que debían ser tenidos en cuenta por la UNGRD”, concluye la ponencia de la magistrada Lombana.
Como resultado de la gestión, asegura la investigación, se expidió la orden de proveeduría por un valor aproximado de 2.125 millones de pesos a favor de la empresa de dichas personas.
Pero hay otro capítulo de los “contratos por votos” del que poco se ha hablado y que compromete a la congresista guajira con el programa Hambre Cero.
“El interés de la senadora en los contratos de la UNGRD no solo se limitó a la maquinaria amarilla, sino que se extendió al programa del Gobierno nacional denominado Hambre Cero, consistente en llevar raciones de comida a diferentes comunidades afectadas, siendo el departamento de La Guajira uno de los más beneficiados con el mismo, conocido como ollas comunitarias”, señala el documento en poder de SEMANA.
El programa para llevarles comida a las personas más pobres y necesitadas de La Guajira pasó a ser manejado por Peralta: “Frente a la situación política que se presentaba antes de las elecciones regionales de 2023, la senadora determinó a Olmedo López para que, vía resolución, modificara este protocolo y designara a las juntas de acción comunal como las autorizadas para seleccionar las comunidades beneficiarias, permitiendo con ello un manejo más directo”.
La supuesta instrumentalización del programa de ollas comunitarias aparece soportada en los registros forenses relativos a la priorización de comunidades beneficiarias en La Guajira de Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La senadora Peralta, al parecer, tenía diferentes frentes que incluso provocan indignación. El principal problema en La Guajira es la falta de agua, que se cuenta en muertos. Sin embargo, desde el Gobierno Petro le habrían sido entregados 434 millones de pesos para promover la “marcha por la defensa del agua”, realizada el 27 de septiembre de 2023, justamente dos semanas antes de las elecciones.
“Esa marcha, si bien era convocada por el presidente de la república y debió llevarse a cabo en todo el territorio nacional, fue aprovechada por Peralta Epieyú para sus fines proselitistas y la promoción de sus candidatos a las alcaldías municipales en La Guajira”, afirma la ponencia de la Corte Suprema.
SEMANA conoció que, durante las largas indagatorias, la senadora Peralta negó tajantemente la participación en el saqueo a la UNGRD, pero en ocasiones, ante los cuestionamientos de los magistrados, simplemente apeló al derecho a guardar silencio.