Seis años después de que estallara el escándalo por el contrato de Centros Poblados -el proyecto liderado por el MinTIC-, este miércoles 10 de junio se emitió una de las principales sentencias en materia penal.
El empresario Ottomar José Lascarro Torres fue condenado, en primera instancia, a doce años y nueve meses de prisión por su responsabilidad en el derroche del millonario anticipo para la compra de equipos de cómputo.
En el extenso juicio se demostró que el empresario utilizó sus contactos y varias de sus empresas para ganar la licitación ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
“Aportó los nombres, la experiencia y la información financiera de dos empresas de su propiedad para acreditar la capacidad técnica y la trayectoria exigidas en el proceso contractual, y permitir la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020″, señaló el ente investigador en un informe.
Con su actuar, se indujo en error a los funcionarios del MinTic que adjudicaron a la unión temporal constituida el contrato de conectividad, que ascendió en valor a más de un billón de pesos.
Por las actuaciones irregulares que permitieron a Centros Poblados quedarse con el proyecto, el empresario recibió más cerca de 250.000 dólares, recursos que fueron transferidos a una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos.
El juez de conocimiento de Bogotá encontró culpable a Lascarro Torres por los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Igualmente, se le impuso una multa de 2.452 millones de pesos y cumplir con una inhabilidad de 153 meses para ejercer derechos y funciones públicas.
El contrato tenía como objeto la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
En la polémica licitación, la Unión Temporal Centros Poblados logró el billonario contrato. Para la compra de elementos recibieron un anticipo de 70 mil millones de pesos.
Sin embargo, poco después se comprobó que las empresas que formaban parte de esta Unión -y en la cual estaba el contratista Emilio Tapia- habían falsificado informes contables, pólizas de seguro y de experiencia en temas de tecnología.
Por estos hechos, ya fueron condenados -tras la firma de un preacuerdo- los empresarios Juan José Laverde Martínez y Emilio Tapia.