El escándalo de corrupción que el país conoció como Centros Poblados, y que enredó a polémicos contratistas como Emilio Tapia, dejó una nueva condena, esta vez contra un señalado prestanombres que facilitó la conformación de la unión temporal que finalmente se quedó con la millonaria contratación.
Se trata de un empresario que recibió 250.000 dólares por prestar sus empresas dedicadas a la construcción y de esta manera conformar la unión temporal que se presentó ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para asumir el multimillonario proyecto de conectividad en las regiones.
“Sentido de fallo condenatorio contra Ottomar Lascarro Torres por su participación en las irregularidades detectadas en el contrato 1043 de 2020, por un billón de pesos, suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados para llevar internet a más de 7.000 escuelas rurales del país”, señaló la Fiscalía.
Los fiscales anticorrupción presentaron ante los jueces de conocimiento todos los elementos de prueba que llevaron a establecer la presunta responsabilidad del empresario en la articulación ilegal para conformar la unión temporal que luego se conoció como Centros Poblados, la que justamente se llevó la millonaria contratación.
“Lascarro Torres aportó los nombres, la experiencia e información financiera de dos empresas de su propiedad para conformar la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, y acreditar la capacidad técnica y trayectoria suficientes. De esta manera, hicieron incurrir en error a los funcionarios del MinTic que les adjudicaron el contrato de conectividad rural”, señaló el ente acusador tras conocer la condena.
El empresario fue declarado responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Durante el proceso trató de mostrar su inocencia; sin embargo, la Fiscalía ganó el primer round con esta sentencia condenatoria, que puede ser apelada.
“El empresario intervino irregularmente en la conformación de la unión temporal a la que el MinTic le adjudicó un millonario contrato de conectividad rural. Por esta actuación pretendía recibir cerca de 4.000 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Se espera que en los próximos días el juez de conocimiento fije la fecha para conocer el monto de la pena, es decir, cuántos años tendrá que pasar en la cárcel el empresario por prestar su nombre para las actividades ilegales de Centros Poblados.