La semana pasada fue una temporada convulsionada en materia de seguridad para Bogotá. Varios casos de fleteos, homicidios y atracos quedaron registrados en cámaras de seguridad.
Uno, en particular, llamó la atención de las autoridades cuando el delincuente, aun herido por sus víctimas, seguía disparando sentado en un andén.
El atracador, que escogió como víctima a los comerciantes de una reconocida carnicería en el norte de Bogotá, recibió varios impactos de bala y quedó tendido en el andén. Luego, varias personas llegaron al sitio, al igual que la Policía, y en un hecho que resulta particularmente extraño, no lo capturaron en situación de flagrancia.
A pesar de estar herido, de acuerdo con expertos penalistas, la Policía tenía que haberle leído los derechos del capturado y, de manera inmediata, trasladarlo a un centro asistencial para cumplir con la judicialización en flagrancia, con los videos de seguridad como prueba irrefutable de su responsabilidad.
No se adelantaron los actos urgentes correspondientes para una situación de flagrancia, lo que hizo imposible adelantar su judicialización de manera inmediata. Por fortuna, este delincuente identificado como Cristian Mora Cancino tenía una orden de captura y estaba en detención domiciliaria.
La Fiscalía tuvo que hacer efectiva esa orden de captura por hechos criminales anteriores para evitar que quedara de manera inmediata en libertad una vez fuera dado de alta en el hospital donde atendieron sus heridas. Lo que resulta insólito es que se haya omitido lo más básico en una situación como la que comprometió la seguridad ciudadana.
El crimen, que quedó registrado en video mientras trataban de asaltar a los comerciantes, ahora tiene otro camino. La Fiscalía tendrá que recuperar todos los elementos de prueba, las declaraciones, la denuncia y nuevamente solicitar una orden de captura para adelantar una audiencia de imputación de cargos y una solicitud de medida de aseguramiento.
El temor de las víctimas es que el delincuente pueda quedar en libertad o aprovechen los errores que cometió la Policía en la situación de flagrancia, para insistir ante un juez de control de garantías que le dé una detención domiciliaria, la misma que gozaba al momento de atracar e intentar asesinar a los comerciantes.