El alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado, no aceptó cargos en medio de la judicialización que la Fiscalía General le adelantó por su presunta responsabilidad en el direccionamiento de contratos de la Empresa de Construcción de Vivienda (Ecovivienda), entre los años 2024 y 2025.
La Fiscalía General confirmó a través de un comunicado que el alcalde de la capital de Boyacá no aceptó su responsabilidad en los delitos de asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, interés indebido en la celebración de contratos, usurpación de funciones públicas y abuso de función pública.
Las investigaciones preliminares dieron cuenta de que el alcalde Krasnov habría delegado a María Luisa Pedraza Canaria, una persona externa a la Alcaldía de Tunja, para que cumpliera diversas funciones relacionadas con la coordinación de los procesos contractuales de Ecovivienda, sin que existiera un vínculo laboral con la administración municipal.
La Fiscalía detalló que Pedraza Canaria estaría detrás de suscribir contratos sin procesos de selección y, al parecer, elegir contratistas que en varios casos no cumplían ni siquiera con los requisitos que impone la ley.
Así mismo, la mujer presuntamente organizó reuniones para agilizar el desembolso de dinero a los contratistas que no cumplían con los avances de las obras pactadas, participó en la entrega de mejoramientos de viviendas y hasta habría impartido órdenes para que personas fueran empleadas en Ecovivienda.
El alcalde ruso que gobierna Tunja es el mismo al que el Consejo de Estado le tumbó su elección; ese caso será trasladado nuevamente al Tribunal Administrativo de Boyacá, para que le ordene al gobernador del departamento encargar a un alcalde en la ciudad.
Sobre todos estos procesos que tiene con la justicia, Krasnov ha manifestado que “nos pusieron en la mira no por robar, sino por no negociar con las viejas estructuras políticas (…) desde el primer día nos pusieron en la mira. No por robar, no por corrupción, sino por no arrodillarnos ante los mismos de siempre”.
Sin embargo, la Fiscalía terminó judicializándolo por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido con el manejo de la contratación de Ecovivienda, el programa de viviendas para personas de bajos ingresos en Tunja.