La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que los investigadores que tratan de identificar a todos los responsables detrás del magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fueron amenazados, al parecer, por las personas que ejecutaron el crimen en contra del político del partido Centro Democrático.
“En el caso de Ricardo Roa tenemos un testigo que es clave para la fiscalía que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos de la fiscalía está haciendo en este momento la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”, informó la Fiscal.
Estas amenazas se dan en medio de las investigaciones contra Roa, quien pese a ser el presidente de la empresa más grande e importante del país, no ha presentado su renuncia.
Los señalamientos contra Roa son claros, al punto que de los dos procesos judiciales que tiene vigentes, por el primero ya fue imputado, y cuando fue citado por el segundo, prefirió solicitar un aplazamiento de la diligencia.
En la imputación de cargos, la Fiscalía General señaló que el presidente de Ecopetrol utilizó de manera indebida su cargo para obtener beneficios personales.
Esta acción se traduce en el direccionamiento de un proyecto en el Caribe a un empresario con el fin de obtener como contraprestación, y a un buen precio, un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.
La delegada citó tres reuniones clave que se adelantaron en la capital de la República entre Ricardo Roa Barragán y el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para beneficiar a Juan Guillermo Mancera en un megaproyecto de regasificación en el Caribe.
“Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa Gaxi ESP S.A.S. de propiedad de Juan GUillermo Mancera”, reseñó la fiscal.
El 20 de agosto de 2024, siendo ya presidente de Ecopetrol, Roa se reunió en un restaurante en la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol. “Le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.
Casi un mes después se celebró una corta reunión en la sede de Ecopetrol, en la que Roa le recordó al presidente de Hocol lo que habían hablado en dicho almuerzo.
El tema no quedó ahí, pocos días después, tras una sesión de junta directiva, Ricardo Roa le volvió a insistir a Luis Enrique Rojas sobre el tema.
“En esa ocasión (señalando la reunión de octubre de 2024 tras una junta directiva en la sede de Ecopetrol), al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, precisó la fiscal en la imputación.
Para el ente investigador, el presidente de Ecopetrol tenía un interés particular en el favorecimiento de este proyecto.
“La influencias ejercidas por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento″, aclaró.
“En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago. En esa negociación, el señor Ricardo Roa adquirió el inmueble por la suma de 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a 2.727 millones de pesos. Es decir, el precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado con una diferencia del 34 % equivalente a 927 millones de pesos”, explicó.
Esta cifra se citó teniendo en cuenta documentos catastrales y el valor de otros apartamentos de la zona.