La Procuraduría General de la Nación instaló la primera mesa interinstitucional con la que se busca estudiar de manera preventiva todos los impactos jurídicos, económicos, contractuales y sociales que se podrían presentar por el proyecto de decreto que prepara el Gobierno del presidente Gustavo Petro para ponerle tope al valor de la vivienda de interés social (VIS) en Colombia.
Desde la Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría explicaron que el objetivo de esos encuentros es detectar cualquier tipo de riesgo que pueda ocasionar dicha iniciativa y la propuesta de fijar el precio de la vivienda VIS en pesos colombianos.
Desde la Procuraduría informaron que durante la sesión se “reiteró la importancia de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en curso, la estabilidad contractual del sector, la coherencia con la jerarquía normativa vigente y la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda, así como la protección efectiva de los hogares beneficiarios de programas VIS y VIP“.
Dicho encuentro contó con la participación del Ministerio de Vivienda, la cartera encargada de la política pública de vivienda, así como representantes del Ministerio de Hacienda y de Comercio. También hubo presencia de funcionarios de la Superintendencia de Industria, el Departamento de Planeación y gremios del sector como Camacol, Asocajas y Asobancaria.
Desde el ente de control informaron que uno de los acuerdos más relevantes de este primer encuentro fue “avanzar en mesas técnicas especializadas que permitan profundizar el análisis y evaluar alternativas regulatorias con sustento técnico y legal suficiente, evitando eventuales riesgos jurídicos, económicos o sociales que puedan afectar el interés general“.
Esta primera mesa técnica se dio semanas después de que el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, le enviara un documento a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, alertando varios “riesgos potenciales” que se identificaron en la iniciativa para expedir dicho acto administrativo.
Arrieta advirtió que si se pone en marcha esa idea, podría existir un riesgo latente frente a reglas claras y uniformes para promesas de compraventas, presentas y proyectos VIS en curso que podrían traer incertidumbre jurídica para los compradores, conflictos contractuales, desistimientos forzados y litigios posteriores que afectarían a la población vulnerable.
Desde febrero de este año, el Ministerio de Vivienda publicó un nuevo borrador de decreto para que la vivienda VIS y VIP no se venda en salarios mínimos, sino en pesos, siempre y cuando el comprador separe o firme una promesa de compraventa.