La Procuraduría General de la Nación halló serios riesgos en el borrador de decreto que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro para ponerle límites a la compra de vivienda de interés social (VIS) en Colombia.
En un documento de cuatro páginas dirigido a la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, el procurador delegado para la Función Pública, Samuel Arrieta, le hizo varias alertas sobre “riesgos potenciales” que se identificaron en dicha iniciativa.
Arrieta arrancó describiendo que en el régimen de transición contractual podría existir una ausencia de reglas claras y uniformes para promesas de compraventas, preventas y proyectos VIS en curso que podrían generar incertidumbre jurídica para los compradores, conflictos contractuales, desistimientos forzados y litigios posteriores que afecten a la población vulnerable.
El ente de control también detectó en las prácticas contractuales y protección al consumidor, un riesgo asociado bajo el nuevo esquema de precios en pesos, pues podría incorporar cláusulas o mecanismos que trasladen de manera desproporcionada el riesgo inflacionario al comprador.
UN DECRETO QUE ES PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA !!
— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) January 11, 2026
Da la sensación de una mayor transparencia para el comprador en el valor de los proyectos VIS al no indexar precios y con ello es bastante populista, pero se le olvidan varias cosas:
1. La construcción VIS es un proyecto… https://t.co/IZGpGlCwkJ
La articulación con subsidios y crédito hipotecario también tiene una alerta frente a la garantía que debería existir entre el precio final pactado, los subsidios estatales y las condiciones de financiación del sistema financiero, para evitar desajustes que frustren el acceso a vivienda y desdibujen la naturaleza de la política VIS.
Petición de una mesa técnica frente a las advertencias
Frente a esta situación, el procurador Arrieta presentó una solicitud para convocar una mesa técnica interinstitucional el próximo miércoles 28 de enero a las 3:00 p.m., que permita analizar los impactos normativos, contractuales, financieros y sociales que se originarían de la desindexación del precio de la vivienda de interés social.
Así mismo, se busca identificar riesgos asociados al régimen de transición, a las prácticas contractuales y cierre financiero de los hogares financieros, así como promover una “implementación armónica de la medida”, dice el documento en poder de SEMANA.
Además de la petición para convocar la mesa, la Procuraduría también solicitó información al Ministerio de Vivienda, relacionada con los estudios técnicos, económicos y sociales que sustenten el proyecto de decreto, las medidas previstas para el régimen de transición, los mecanismos de las entidades administradoras de subsidios y el sector financiero para garantizar el cierre financiero de los hogares beneficiarios y el seguimiento para prevenir prácticas que desnaturalicen la finalidad del decreto.
