Una trascendental reunión se adelantará este jueves, 9 de abril, en el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, para hablar de una de las mayores problemáticas en el sistema judicial colombiano: el hacinamiento carcelario.
La situación ha llevado incluso a que se tomen medidas severas como la excarcelación masiva durante la pandemia en el 2020; la implementación de brazaletes electrónicos y proyectos para la construcción de nuevos centros en diferentes regiones.
Para hablar de este complejo tema, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, convocó a una reunión con los máximos representantes de los entes de control y las altas cortes.
Entre los convocados están el presidente de la Sala de Casación Penal, Carlos Roberto Solórzano; el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, de la Corte Constitucional; el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo; así como el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán.
Además de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco y el director del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.
“El objetivo es analizar el tema de la situación de las cárceles del país, particularmente el tema del hacinamiento carcelario”, señalaron desde la Corte Suprema de Justicia.
En los últimos años, organismos como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia han alertado sobre los graves casos de hacinamiento carcelario en Bogotá.
En 2024, por poner un ejemplo, la Defensoría del Pueblo señaló que el promedio de hacinamiento en los centros de detención transitoria de la capital era del 167%.
En las estaciones de la Policía Metropolitana, señalaron en esa oportunidad, en localidades como Bosa, Kennedy, Usaquén, Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal, los niveles de sobrepoblación oscilabann entre el 300% y el 600%,
Esta situación lleva a una grave situación humanitaria, afectando la salud de los internos, puesto que no contaban con las condiciones básicas para acceder a baños, alimentación y servicios de salud.