La Fiscalía General decidió retirar los dos preacuerdos que había firmado con el empresario Carlos Mattos dentro del denominado caso Hyundai. Igualmente, por el momento, quedaron suspendidas todas las negociaciones para buscar un principio de colaboración o cualquier tipo de acuerdo.
Con esta decisión, Mattos -quien actualmente se encuentra privado de su libertad en la cárcel de Cómbita en Boyacá- deberá enfrentar dos juicios por sobornar a jueces y funcionarios judiciales para resultar beneficiado con medidas cautelares que le permitieran seguir vendiendo vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
El pasado viernes se presentó el primer revés después que el juez 30 de Bogotá que inadmitió el preacuerdo firmado entre la Fiscalía General y el empresario Carlos Mattos Barrero al considerar que la condena de 56 meses (cuatro años y medio de prisión) fijada era muy baja y no tenía en cuenta los agravantes.
En el análisis jurídico de lo acuerdado, el funcionario judicial determinó que se habían presentado varios “yerros” por parte de la Fiscalía General a la hora de establecer la pena privativa de la libertad, así como fijar como el delito más grave uno que a todas luces no cumplía el requisito exigido.
“Los argumentos que esgrimió la Fiscalía no son suficientes para comprender las razones por las cuales únicamente se produjo un aumento de diez meses de prisión por los delitos en concurso cuando es claro que cohechar a un juez, un oficial mayor y servidores públicos de la Rama Judicial son actos que podrían tener una fuerte reproche colectivo en aras de solventar los intereses de la sociedad encaminados a que la trasparencia sea la que gobierne la actividad de administración de justicia”, detalló el juez de conocimiento.
En su decisión, el despacho judicial determinó que se presentó un otorgamiento de beneficios más allá de lo avalado por la Corte Suprema de Justicia en la negociación de los preacuerdos. Para el juez, se presentaron varios errores en lo pactado entre la Fiscalía y la defensa del empresario.
El primer “yerro” que advirtió el juez tiene que ver con un “doble beneficio” que se le otorgó a Mattos, puesto que además de rebajarle la pena principal de manera considerable se le quitó uno de los cargos los que había sido llamado a juicio.
En este sentido se señala que se le quitó, sin justificación alguna, el cargo que hacía referencia al pago de sobornos a los empleados de la Rama Judicial que realizaron “la manipulación del sistema de reparto” del sistema para que la demanda que presentó llegara directamente al juzgado sexto civil municipal que resolvió en tiempo récord la petición e impuso medidas cautelares que beneficiaron a Mattos.
Igualmente, se cuestionó la elección del delito base, es decir, el más grave. Por lo que desde allí se presentaron considerables errores en la implementación de la pena final. “Al momento de realizar los incrementos punitivos por los delitos concurrentes se obvió la conducta punible de cohecho por dar u ofrecer que a título de determinador se le atribuyó al procesado en la audiencia de acusación, suprimiendo un cargo importante y por lo tanto reconociendo un ‘doble beneficio’ y se dosificó la pena de multa en forma totalmente equivocada”.
En otro de los apartes de su intervención el juez explicó que no se justificó la forma en cómo Mattos colaboró con la investigación, ni si participara como testigo en los otros procesos penales.
“No se presentó de manera concreta documento que cuente de qué forma el ciudadano Mattos colaboró con el esclarecimiento de los hechos y mucho menos cómo contribuyó o contribuirá con el suministro de información para conseguir el procesamiento de otros autores o partícipes, aunque se sostiene que en últimas declarará en contra del juez Reinaldo Huertas”, explicó el juez de conocimiento.
Los dos procesos contra Mattos
Mattos había reconocido su participación en los delitos de dos cargos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos), utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado y daño informático agravado. Esto por sobornar a varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial para que su tutela fuera direccionada hasta el despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reinaldo Huertas, con quien ya se había acordado el pago de una comisión para que le entregara medidas cautelares en medio del litigio que sostenía para la comercialización de vehículos Hyundai.
Igualmente, el empresario reconoció haberle enviado 100 millones de pesos a la jueza 16 civil del circuito de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez después que dejara en firme las medidas cautelares al rechazar el recurso de reposición presentado por la empresa Global Car World S.A.S.
En el preacuerdo, Mattos aceptó su participación en el delito de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos). En la negociación se fijó una condena de 32 meses de prisión (dos años y medio de prisión), el pago 30 millones de pesos por concepto de multa y la inhabilidad por 53 meses. Igualmente, una reparación integral para las víctimas, la presentación de excusas públicas por las acciones adelantadas que afectaron gravemente a la administración de justicia.