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Alfonso Cano. Guerrillero Foto:Gerardo Gomez. Jun 00 | Foto: Gerardo Gomez

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ExFarc piden a la JEP citar a Juan Manuel Santos por muerte de ‘Alfonso Cano’

Varios de los exintegrantes de ese grupo guerrillero aseguraron que su máximo comandante fue asesinado en estado de indefensión.

15 de marzo de 2022

Este jueves fue presentado ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) el informe ‘Crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado entre 1964-2016′. El documento fue elaborado por varios de los firmantes del Acuerdo de Paz, así como por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Fundación Lazos de Dignidad.

En medio de la presentación del documento, varios de los exintegrantes de la guerrilla de las Farc aseguraron que en el marco del conflicto armado se presentó un sinnúmero de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en contra de los guerrilleros, hechos que fueron calificados como “crímenes contra la humanidad”.

La senadora del Partido Comunes Victoria Sandino detalló los casos en los que se presentó un uso desproporcionado de la fuerza, torturas, tratos crueles a prisioneros, violencia sexual, ataques a familiares de los guerrilleros y ejecuciones extrajudiciales. Entre estos casos narrados se encuentran el abatimiento a Édgar Devía Reyes, alias Raúl Reyes, el 1 de marzo de 2008 en la frontera con el Ecuador; el bombardeo en el que murió Víctor Julio Suárez Rojas, alias ‘Mono Jojoy’, el 22 de septiembre de 2010 en zona rural de La Macarena (Meta) y la muerte del entonces máximo comandante de las Farc, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, el 4 de noviembre de 2011 en un operativo que se llevó a cabo en Morales (Cauca).

En este último caso, ‘Joaquín Gómez’, quien hizo parte del equipo de negociadores de las Farc en el proceso de paz, aseguró que Cano fue “asesinado” en total “estado de indefensión”, situación que debe ser investigada y aclarada por parte de las autoridades. “Pedimos que la JEP como autoridad judicial competente haga las investigaciones de cada caso y determine los máximos responsables para que exista reparación y no repetición”.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Comunes, Benedicto de Jesús González Montenegro, aseguró que la JEP debe citar a declarar a Juan Manuel Santos (presidente 2010-2018) para que responda por lo que consideran que es un crimen. “Hay una declaración del propio expresidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de Paz y firmante del Acuerdo, en la que afirma que dio la orden de asesinar a Alfonso Cano cuando ya estaba en estado de indefensión”.

Consideran que tanto Santos como otros expresidentes (Andrés Pastrana Arango y Álvaro Uribe Vélez) están en “mora” de responder por lo que consideran una grave infracción al DIH en medio del conflicto armado interno, por lo cual le pidieron a la JEP tomar decisiones de fondo y llamarlos a responder. “Han quedado excluidos de la responsabilidad que tienen como jefes de Estado en el marco del conflicto”.

Perdón público

En medio de la presentación del extenso informe aseguraron que los guerrilleros fueron víctimas de delitos de guerra y de lesa humanidad, por parte de los agentes de la Fuerza Pública, situación por la cual piden que se les dé este reconocimiento y se haga un reconocimiento por parte del Estado.

En un acto de reparación integral, sostuvieron, se debe hacer un acto de perdón público, la elaboración de una película que narre especialmente la historia del movimiento guerrillero y toda la confrontación que tuvieron con las Fuerzas Militares en varias regiones del país, así como de los crímenes de guerra y lesa humanidad de la que fueron víctimas.

En este filme piden reconocer la ejecución de guerrilleros en el páramo de Berlín, entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, entre noviembre de 2000 y enero de 2001, así como las acciones en contra de la Red Urbana José Antequera en Barranquilla en el año 1997, donde fue abatido Rito Antonio Pico.

Igualmente, solicitaron la abolición de la Justicia Penal Militar, una reforma carcelaria efectiva y el retiro del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de la Otan.