Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro Presidente y ahora expresidente de Ecopetrol, tiene dos procesos pendientes en la Fiscalía.
El primero, por un presunto tráfico de influencias en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá a unos empresarios que luego resultaron ser contratistas de la estatal petrolera.
El segundo proceso está relacionado con la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y la violación de topes electorales. En este proceso, de acuerdo con lo que conoció SEMANA, Ricardo Roa y su equipo de defensa estarían tras un acuerdo o principio de oportunidad con la Fiscalía.
La negociación que se plantea entre Roa y la Fiscalía busca terminar el proceso de manera anticipada, antes de la radicación del escrito de acusación contra el expresidente de Ecopetrol por el delito de violación de topes electorales.
Ricardo Roa, junto con su equipo de defensa, estuvo en la Fiscalía planteando la posibilidad de alcanzar un preacuerdo, en el que aceptaría cargos, o un principio de oportunidad, mediante el cual se podría convertir en testigo. Las dos opciones fueron barajadas en una reunión que se adelantó en el ente acusador.
El proceso en el que se propone una negociación con la Fiscalía aborda los detalles de la financiación de la campaña Petro Presidente 2022 y cómo se habrían modificado facturas y ocultado otras para esconder la realidad de los aportes entregados a esta campaña presidencial que, según la Fiscalía, superó los topes, lo que constituiría un delito.
La investigación por la violación de topes electorales está pendiente del escrito de acusación que radicará la Fiscalía ante los jueces de conocimiento y en el que, se supone, el ente acusador entregará los elementos de prueba con los que buscará una condena contra el exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Se espera que en los próximos días se concrete el acuerdo o el principio de oportunidad. En ambos casos, la conclusión será la misma: Ricardo Roa quiere zanjar su situación judicial a través de los instrumentos legales que existen y, por supuesto, tras conocer la contundencia de los elementos de prueba en poder de la Fiscalía.