No paran los escándalos al cierre del Gobierno del presidente Gustavo Petro. No solo han tratado de trasladar billones de pesos sin dejar claro en qué se van a gastar, sino que firmaron miles de contratos y, para completar, están dejando amarrados a altos funcionarios en cargos estratégicos.
El más reciente escándalo se da en el Ministerio de Minas y Energía, en el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge).
En días pasados, el representante Daniel Briceño denunció que desde el Ministerio se pretendía modificar las condiciones contractuales para asegurar la permanencia de Brayan Giraldo, director del Fondo y cercano al ministro Edwin Palma, hasta 2028, es decir, durante buena parte del siguiente Gobierno.
Fenoge administra recursos públicos destinados a financiar proyectos de energías renovables y eficiencia energética y se encuentra reglamentado por el propio Ministerio de Minas. La denuncia instaló así la percepción de que el ministro intentaba conservar una cuota de poder más allá del final de la administración Petro.
Hoy se conoció una carta que genera incluso más cuestionamientos sobre lo que se estaba dando en el Fenoge. Una carta del subdirector jurídico del Fenoge encendió una nueva controversia sobre el proceso de contratación por 165.492 millones de pesos del programa Colombia Solar.
En este, el funcionario solicita suspender o cancelar de inmediato la licitación al advertir presuntas irregularidades en la expedición de la Adenda n.º 3. Afirma que esta modificó de manera sustancial las reglas de evaluación sin el aval de las áreas técnica, financiera y jurídica, y respalda sus señalamientos con un informe forense y análisis de metadatos.
Las denuncias coinciden con las advertencias formuladas por la Procuraduría, que investiga si las inconsistencias podrían comprometer la legalidad del proceso e incluso derivar en su nulidad. Por su parte, Fenoge sostuvo que la adenda fue expedida conforme a su manual de contratación y atribuyó las diferencias en los metadatos a un error material de edición.
Con este último escándalo, Edwin Palma dejará un ministerio que atraviesa uno de los momentos más complejos en décadas. El sistema eléctrico enfrenta crecientes advertencias sobre el riesgo de un eventual apagón por la insuficiencia de nueva energía, mientras la cadena energética soporta una profunda crisis financiera derivada, en buena medida, de decisiones adoptadas por el Estado.
El denominado Pacto por la Justicia Tarifaria y el consecuente techo a las tarifas desencadenaron la intervención de Air-e, una decisión que no fue un hecho aislado, pues Afinia también solicitó ser intervenida por el Gobierno saliente, lo que refleja la gravedad de la crisis que hoy vive el sector.
La intervención de Air-e, en la que Palma se desempeñó como agente interventor, provocó, según la Contraloría General de la República, un deterioro patrimonial superior a los 2 billones de pesos. A ello se suma la delicada situación de los generadores térmicos, que advierten sobre una grave crisis de liquidez por el incumplimiento en el pago de obligaciones desde que Air-e fue intervenida.
La semana pasada se conoció que el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia a Edwin Palma como ministro de Minas y Energía. La decisión llamó la atención, pues llegó cuando al Gobierno le restan apenas unas semanas de mandato y, hasta el momento, su salida aún no se ha materializado.
Sin embargo, fuentes consultadas por SEMANA coinciden en que la solicitud de renuncia no respondió a un hecho aislado, sino al desgaste acumulado por una serie de controversias políticas, decisiones técnicas cuestionadas e investigaciones que terminaron precipitando su salida del gabinete.
Otro de los principales escándalos que marcó la gestión de Edwin Palma estuvo relacionado con la intervención de Air-e. El contrato por cerca de 14.000 millones de pesos para el suministro de materiales eléctricos, revelado por SEMANA, se convirtió en el principal símbolo de los cuestionamientos a la administración estatal de la empresa.
El proceso de contratación fue suspendido por el tercer interventor tras las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés. A partir de esas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y otros organismos de control ampliaron las investigaciones sobre la contratación realizada durante la intervención de Air-e, lo que convirtió este episodio en uno de los principales frentes judiciales que hoy rodean la gestión del ministro Palma.
El legado de la política energética del Gobierno Petro deja más interrogantes que resultados. Hoy, el sector eléctrico atraviesa uno de los momentos de mayor incertidumbre de las últimas décadas. Son cada vez más frecuentes las advertencias de gremios, expertos y empresas sobre el riesgo de un eventual apagón ante la insuficiente incorporación de nueva generación para atender la demanda futura del sistema.
A ello se suma la delicada situación financiera que enfrentan decenas de empresas de la cadena eléctrica por los retrasos del Estado en el pago de subsidios y otras obligaciones, un problema que amenaza la estabilidad del sector y la continuidad de las inversiones necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema.
En pocos días terminará el período de Edwin Palma, considerado el principal ejecutor de la política energética del Gobierno Petro. Su sucesor recibirá un ministerio marcado por múltiples controversias, investigaciones y denuncias que deberán ser revisadas con especial atención.
Junto con el sistema de salud, el sector energético se perfila como uno de los mayores desafíos que heredará el próximo Gobierno, en medio de crecientes advertencias sobre la seguridad energética del país, la situación financiera de la cadena eléctrica y los cuestionamientos por varias decisiones adoptadas, así como por presuntos actos de corrupción durante la actual administración.