El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que obligaba la presencia del ministro de Hacienda, la cartera liderada en la actualidad por Germán Ávila, para que la junta directiva del Banco de la República pudiera sesionar y tomar decisiones sobre la política monetaria del país.
El abogado Daniel Felipe Useche solicitó ese medio de nulidad argumentando que vulneraba la Constitución y la autonomía técnica, administrativa y financiera que tiene el Banco de la República en la representación de los intereses de la Nación y su función como coordinador de la política económica general.
El Banco de la República apoyó esa solicitud cautelar al considerarla “procedente y necesaria”, pues expuso que la inasistencia del ministro de Hacienda a las sesiones de la Junta Directiva, ocasionaban un “bloqueo institucional y la suspensión indefinida de las funciones (...) constitucionales” que le fueron asignadas a esa entidad.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda se opuso a dicha petición alegando que no cumplía con los requisitos, pues debía estar sustentada por la contradicción del acto demandado y el decreto que estableció los Estatutos del Banco de la República se ajustaban al “diseño constitucional y legal” de esa entidad.
La Presidencia de la República también refutó dicha petición expresando que el aparte demandado era “coherente con el diseño constitucional del Banco de la República”, pues el jefe de Estado tenía la potestad de estructurar dichos estatutos y el ministro de Hacienda le correspondía presidir dichas sesiones.
Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que las funciones asignadas al Banco de la República no pueden interrumpirse por la relación directa que tiene con el “cumplimiento de los cometidos estatales”, y advirtió que su “paralización” podría significar la vulneración de derechos fundamentales de las personas.
La decisión también precisó que las funciones de inspección, vigilancia y control que le fueron asignadas al presidente de la República, “no se deriva que la Junta Directiva del Banco de la República no pueda sesionar, deliberar y decidir” por la inasistencia del ministro de Hacienda y Crédito Público.
Toda esta controversia judicial inició después de que el ministro de Hacienda, Germán Avila, se retiró de manera abrupta de la Junta Directiva del Banco, después de que se decidió elevar la tasa de interés al 11.25%. Esa decisión fue calificada por el Gobierno como “irresponsable”.