El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, reapareció este miércoles 24 de junio para escuchar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá frente a la ampliación de la medida de aseguramiento en su contra en el proceso que se le adelanta por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
El exfuncionario se disculpó, en un principio, por no presentarse en la diligencia judicial que se adelantó el pasado 10 de junio.
Tras la pregunta del magistrado, González manifestó que se encuentra “como asilado” en Managua, la capital de Nicaragua.
Carlos Ramón González enfrenta un juicio ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho por dar u ofrecer (ofrecimiento de sobornos), peculado por apropiación agravado y lavado de activos.
Desde hace más de un año, el exdirector del Dapre se encuentra fuera del país. SEMANA reveló en exclusiva los trámites que había adelantado González Merchán para lograr asilo político en Nicaragua, aduciendo que era un “perseguido” por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su ideología de izquierda.
El esquema de corrupción
La Fiscalía General señaló que en 2023, Carlos Ramón González le dio instrucciones claras para sobornar a un grupo de congresistas, entre los que se encontraban el senador Iván Name y el representante Andrés Calle, con el fin de que avalaran los proyectos y reformas en los cuales el Gobierno Petro tenía gran interés.
En total, González Merchán habría pedido que le entregaran 4.000 millones de pesos a los congresistas con el fin de comprar sus conciencias. Esto, teniendo en cuenta las declaraciones entregadas ante la Fiscalía General por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
En la audiencia que se celebró en la tarde de este miércoles, el magistrado puso de presente estas declaraciones, asegurando que el exdirector del Dapre fue una pieza clave en este entramado de corrupción.
“(Olmedo) López Martínez afirmó que el objetivo era asegurar el trámite de las reformas del gobierno y apoyar campañas políticas familiares en Bogotá y Córdoba; el declarante detalló que inicialmente se habló de contratos por montos de 60.000 millones para Name y 10.000 millones para Calle, pero luego la instrucción cambió a pagos directos en efectivo”, citó el magistrado.