Delegados de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación le pidieron a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que dejen en firme la condena que pesa en la actualidad contra varios exfuncionarios y exdirectivos de la Universidad de Medellín por el caso del exsenador y excandidato a la Gobernación de Antioquia, Julián Bedoya.
El proceso en casación trata de la sentencia que hay actualmente contra Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Juan Felipe Hernández, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús hincapié, Saúl Benitez y Yolanda Cossio.
El procurador del caso expresó en dicha audiencia ante la Corte Suprema: “En mérito de lo expuesto, este representante de la sociedad, solicita respetuosamente a esta corporación, no casar la sentencia impugnada y en consecuencia, mantener incólume la condena impuesta a Yolanda Cossio y Juan Felipe Hernández Giraldo”.
Cossio era la secretaria y jefe del programa de Derecho, mientras que Hernández Giraldo fungía como el secretario académico de la Universidad de Medellín, pero terminaron respondiendo ante la justicia colombiana por el delito de falsedad ideológica en documento público.
La sentencia emitida el pasado 15 de enero los condenó hasta a 5 años de cárcel tras hallarlos culpables de las irregularidades que se habrían cometido para que el exsenador liberal, Julián Bedoya Pulgarín, obtuviera su título como abogado de esa Universidad.
Aunque la condena dejó claro que los procesados podrán cumplir su condena bajo la figura de prisión domiciliaria, los exfuncionarios también tienen inhabilidades de hasta 72 meses para ejercer funciones o cargos públicos.
Con esa condena, los abogados de los acusados radicaron un recurso de casación para tratar de modificar la condena que pesa en la actualidad en su contra, pero en las próximas semanas la Sala de Casación Penal tomará la decisión definitiva tras escuchar los argumentos de todas las partes.
Esta audiencia se dio pocos días después de que la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la suspensión provisional del acta de grado y el diploma que certificaba al excandidato a la Gobernación de Antioquia como abogado egresado de esa universidad.
La Universidad de Medellín solicitó la suspensión provisional de esos dos documentos, al considerar que existió una “violación de las disposiciones invocadas” en la reclamación que llegó mediante una demanda. Finalmente, el Consejo de Estado decidió frenar de manera temporal la validez tanto del diploma como del acta de grado del excongresista. Un caso que ha sido muy relacionado con el capítulo de Juliana Guerrero en el Gobierno Petro.