La contundencia de la investigación y de los elementos de prueba recaudados por la Fiscalía, en la investigación por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, permitió la condena de cinco personas y está pendiente otra, la del principal cabecilla de la organización criminal: alias el Costeño.
La Fiscalía presentó este viernes ante un juez de conocimiento, el preacuerdo que firmó con el señalado criminal, Elder José Arteaga, alias el Costeño, cabecilla de la organización criminal que diseñó, planeó y ejecutó el magnicidio en contra del precandidato presidencial. En la negociación se pactó una pena de 26 años de cárcel.
La negociación no solo contempla la aceptación de cargos de alias el Costeño por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, sino varios compromisos con las víctimas, la justicia y la verdad procesal. Elder José Arteaga tendrá que pedir perdón a la familia del senador.
“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado y es por ello que el ciudadano se compromete a pedir perdón de manera pública a las víctimas y a la sociedad ante el honorable juez como muestra de perdón”, señala el preacuerdo.
En el acuerdo que fijó la pena de 26 años de cárcel para alias el Costeño, la Fiscalía incluyó como elementos de prueba las declaraciones que rindieron el resto de implicados en el magnicidio, incluso del menor de edad con un testimonio para advertir que fue justamente Elder José Arteaga quien lo buscó para cometer el asesinato.
“Reparación, puesto que esta persona, al buscar el perdón de la familia y la sociedad en general, cumple con el requisito intangible, sin que ello signifique que no tengan el deber de reparar económicamente por los daños causados en ocasión a la realización del delito”, señala el documento.
La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó la negociación entre la Fiscalía y Arteaga tras advertir que son contundentes las pruebas que existen en su contra para llevarlo a juicio y lograr una condena ejemplar, superior a los 40 años de cárcel. El acuerdo, en criterio de la familia del senador, termina beneficiando al asesino.
El acuerdo fue presentado ante un juez y las víctimas pidieron un aplazamiento para poder sustentar su solicitud, particularmente negar la negociación entre la Fiscalía y el señalado asesino, tras insistir que no se cumplen los compromisos de reparación.