Un clan familiar dedicado a la carnicería decidió convertir su negocio en una trampa criminal y un atentado a la salud pública. Compraban caballos moribundos en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, los llevaban hasta Bucaramanga y prácticamente los dejaban morir de hambre, para luego comercializar su carne.
Muchos animales fallecían en el trayecto, pero ese problema de descomposición lo “resolvió” la organización criminal con químicos y “trucos” para darle otra apariencia y olor a la carne. El proceso de putrefacción a sabor lo completaron en mataderos clandestinos en la capital de Santander.
“Los elementos materiales probatorios indican que los procesados, presuntamente, alteraban la apariencia, el olor y la textura del producto mediante sustancias químicas para ocultar su estado de descomposición y facilitar su comercialización para el consumo humano. Además, luego de su sacrificio, los productos cárnicos eran almacenados y comercializados sin cumplir las normas sanitarias”, explicó la Fiscalía.
Los animales eran sacrificados en condiciones de salubridad que no pasarían la revisión más simple de las autoridades. No tenían autorizaciones, no contaban con los espacios y, además, engañaban a los consumidores que, convencidos, compraban la carne de caballo pensando que era de res.
“Los procesados son: Sergio Leonardo Ortiz Soto, alias Leo; Danny Alexander Soto, alias Dante o Carnicero; Jonathan Javier Ortiz Soto; Yolanda Soto Badillo; Enrique Cadena Rojas, alias Mala Vida; Cindy Johana Moreno Daza; Mario Alvarado Trujillo; Mayer Andrea Trujillo Ardila y Jhoan Sebastián Trujillo Trujillo”, explicó la Fiscalía.
No se trata de una trampa a los consumidores. La investigación de la Fiscalía reveló que es una red criminal, con roles definidos y con un propósito ilegal que incluyó atentar contra la salud pública, también maltratar y matar animales, de ahí que la imputación se hiciera por los delitos relacionados.
“La Fiscalía imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir; corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; daño a los recursos naturales y ecocidio; y muerte al animal”, explicó el ente acusador tras la imputación de cargos.
La contundencia de la investigación permitió que cinco de los procesados aceptaran los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Otros cuatro tendrán casa por cárcel.