El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó este jueves, 16 de abril, la suspensión inmediata de los efectos jurídicos de la intervención realizada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre Coosalud EPS S.A.
La decisión responde a una demanda colocada por la Red Integrada de Prestadores de Servicios de Salud S.A.S. – Multiservicios OL S.A.S., que cuestionó el proceso de intervención al que fue sometida la entidad promotora de salud (EPS).
Como consecuencia directa del fallo, el Tribunal ordenó el “cese inmediato de la intervención y la restitución de la administración y representación legal a quienes ejercían estas funciones antes de la toma de posesión ocurrida el 22 de noviembre de 2024″. Con esta medida, el agente interventor designado por el Gobierno nacional deberá entregar el manejo de la entidad a sus antiguos directivos.
Argumentos de la demanda
Los accionantes, en cabeza de Jaime Miguel González Montaño y Natalia Largo González, argumentaron una “vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa”. Según la demanda, la Resolución 2024320030015228-6, mediante la cual se tomó posesión de los bienes y negocios de Coosalud EPS, “ha generado inestabilidad en la operación de la entidad”.
Los demandantes argumentaron que la "rotación constante de los agentes encargados y la extensión de la medida administrativa han provocado un perjuicio que afecta la continuidad, oportunidad y calidad en la prestación del servicio de salud a los usuarios".
En el documento entregado por el Tribunal se menciona que “una intervención forzosa es una herramienta de carácter excepcional y transitoria, cuyo objetivo debe ser sanear la entidad o definir su liquidación, y no prolongarse de manera indefinida”.
Vigilancia de organismos de control
Pese al retorno de la administración privada, el Tribunal estableció mecanismos de supervisión para garantizar el correcto funcionamiento de la EPS y la protección de los recursos públicos.
En este sentido, se dispuso que la Contraloría General de la República ejerza un acompañamiento y vigilancia administrativa, financiera y técnica sobre la entidad, conforme a sus competencias constitucionales.
Asimismo, se ordenó a la Procuraduría General de la Nación realizar un seguimiento constante al funcionamiento de Coosalud EPS para asegurar que el cambio de mando no afecte la atención de los afiliados. Esta vigilancia busca evitar nuevos riesgos financieros o administrativos mientras la entidad retoma su cauce operativo tras los meses de control estatal, asegurando que se cumpla con el objeto social para el cual fue creada.