Un paquete de pruebas documentales y testimoniales fue ordenado por el Consejo de Estado en medio del estudio de la demanda que pide la pérdida de investidura de nueve congresistas mencionados dentro del escándalo de corrupción que saqueó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El magistrado ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, pidió recolectar las declaraciones rendidas en los últimos meses ante diferentes autoridades judiciales el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto.
Esto debido a que, según se conoció por reportajes periodísticos, mencionaron la presión que ejercieron estos nueve senadores y representantes a la Cámara para obtener proyectos y contratos de obra que estaban en poder de la UNGRD.
Como lo reveló SEMANA, tanto López como Pinilla y Benavides coincidieron en citar los mensajes que recibieron de los dirigentes políticos, con el fin de resultar beneficiados con el direccionamiento de contratos en varias regiones del país.
Para esto, presentaron copias de los chats de las aplicaciones de WhatsApp y Signal. Igualmente, entregaron evidencia sobre las reuniones que se adelantaron en las sedes de los ministerios de Hacienda y del Interior, ubicadas en el centro de Bogotá.
En el documento se pidió, además, la declaración de los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla, del Interior Luis Fernando Velasco y el exviceministro de Hacienda Diego Guevara.
La demanda pide la “muerte política” de los senadores Martha Peralta (Movimiento Alternativo Indígena y Social-Mais), Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), Julio Elías Chagüi (Partido de la U), Liliana Bitar (Partido Conservador) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal).
Así mismo, de los representantes Wadith Manzur (Partido Conservador), Juan Loreto Gómez (Partido Conservador), Julián Peinado (Partido Liberal) y Karen Manrique (curules de paz).
Para el demandante, los dirigentes políticos incurrieron en un tráfico de influencias y en violación del régimen de incompatibilidades.
Esto, al utilizar sus cargos para recibir contratos y cargos para votar favorablemente proyectos en los cuales el Gobierno Petro tenía interés.
En la actualidad, como lo reveló SEMANA en su más reciente edición, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está evaluando una ponencia que pide llamar a cinco congresistas y un excongresista que, en diciembre de 2023, hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.