Es un hecho. Pedro Andrés Rodríguez Melo será testigo de cargo de la Fiscalía General en las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción que permeó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Pero su colaboración va más allá, para obtener beneficios, también salpicará al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, de quien asegura le dio la orden de direccionar un millonario contrato de compraventa de aguardiente Tradicional Nariño.
Así lo manifestó la jueza en la lectura del principio de oportunidad para Pedro Rodríguez, en la que afirmó que según su intención de colaborar, afirmó que actuó bajo subordinación del entonces gobernador Camilo Romero.
“Suministró información relevante de los hechos de corrupción que se presentaron en el año 2016, en el proceso contractual del negocio de licores en Nariño. El postulado, en su condición de jefe de la oficina jurídica de la Gobernación de Nariño, bajo la subordinación del gobernador de la época, Camilo Romero, hizo parte del acto de corrupción, junto con otros funcionarios de ese ente territorial, interesándose indebidamente en la suscripción del Decreto por medio del cual se fijó la escala de venta del aguardiente tradicional Nariño y en la adjudicación irregular del contrato de compraventa del aguardiente", afirmó la jueza en la diligencia.
Este jueves 25 de septiembre, una jueza de control de garantías de Bogotá avaló el principio de oportunidad firmado entre el exasesor de la Dirección General de la UNGRD y la Fiscalía General.
En la decisión judicial se avaló la matriz de colaboración que presentó Rodríguez, quien se encuentra privado de su libertad desde septiembre de 2024, y en la cual mencionó, entre otros, al exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero.
Llama la atención que fue justamente Romero quien recomendó a Pedro Rodríguez para que fuera el asesor del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, tal como dio a conocer SEMANA al publicar los chats con las hojas de vida.
Aunque el exasesor aseguró que llegó a la entidad gracias a las gestiones que había hecho Romero, la colaboración estará centrada en el contrato por el cual Camilo Romero está siendo investigado en la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver con el direccionamiento de contrato en la licorera departamental.
El asunto resulta espinoso para Romero, quien justamente ha venido dilatando su juicio con diferentes maniobras al punto que en la Corte Suprema de Justicia le trataron de asignar un abogado suplente de la Defensoría, lo que generó un duro enfrentamiento en el alto tribunal, donde Romero argumentó que le estaban violando sus derechos.
Sin embargo, el preacuerdo, que permitirá que Rodríguez recupere la libertad, es claro: “Suministró información relevante de los hechos de corrupción que se presentaron en el 2016 en el proceso contractual del negocio de licores en Nariño. En este evento, el postulado en su entonces condición de jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Nariño, bajo la subordinación del gobernador de la época, Camilo Romero, hizo parte del acto de corrupción junto con otros funcionarios de este ente territorial” (ver foto).
Pedro Rodríguez fue sentenciado en enero pasado a cuatro años y ocho meses de prisión luego de que reconociera, mediante un preacuerdo, su participación en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público
En el preacuerdo, Rodríguez Melo utilizó su cargo en la UNGRD para direccionar contratos que ascendieron a 108 mil millones de pesos para beneficiar a un grupo de contratistas. Todo esto a cambio de una comisión que llegó a los mil millones de pesos.
Entre estos, el empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso, y quien fue uno de los principales beneficiados con el contrato para la compra de 40 carrotanques, para llevar agua potable a varios municipios de La Guajira.
“Usted, señor Pedro, coordinó con López Rosero y Sneyder Pinilla el incremento del precio de la cotización de la orden de proveeduría para cubrir el pago de la coima. Estableció con otros funcionarios de la UNGRD la suscripción de las actas donde simuló escoger aleatoriamente de la lista de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres las empresas invitadas a cotizar, escogiendo a las acordadas por López Rosero”, señaló la fiscal del caso durante la extensa imputación de cargos en agosto de 2024.
“Usted, señor Pedro, pactó con Luis Eduardo López Rosero el pago de mil millones de pesos por el direccionamiento de la orden de proveeduría (…) para la adquisición de 40 vehículos tipo carrotanque para una de las empresas del señor López Rosero”, complementó la fiscal delegada en esa oportunidad.