Judicial

Pedro Rodríguez, exasesor de la UNGRD, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y pagará cuatro años de prisión

El exasesor fue señalado de direccionar millonarios contratos en la entidad con el fin de beneficiar a un grupo de empresarios y contratistas, entre ellos Luis Eduardo López Rosero.

24 de enero de 2025, 1:15 p. m.
Pedro Andrés Rodríguez Melo, asesor de la dirección general de la UNGRD.
Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de la dirección general de la UNGRD. | Foto: UNGRD

En los próximos días será presentado ante un juez de conocimiento de Bogotá el preacuerdo que firmó el exasesor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Pedro Rodríguez Melo con la Fiscalía General.

En el documento, se pactó una sentencia de cuatro años de prisión tras reconocer su participación en los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.

El exasesor, quien se encuentra en la cárcel desde finales de septiembre, se comprometió a reintegrar una cifra cercana a los mil millones de pesos.

Según la investigación, Rodríguez Melo -quien fungía como asesor de Olmedo López en la Dirección General de la UNGRD- utilizó su cargo para direccionar contratos que ascendieron a 108 mil millones de pesos para beneficiar a un grupo de contratistas.

Entre estos, el empresario nariñense Luis Eduardo López Rosero, conocido como El Pastuso, y quien fue uno de los principales beneficiados con el contrato para la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira.

Para la Fiscalía General, Pedro Rodríguez fue parte fundamental de la “empresa criminal” que se montó en la UNGRD para el direccionamiento de contratos de obra y mitigación del riesgo generado por las olas invernales que azotaron al país en el primer semestre del 2024.

“Usted, señor Pedro, coordinó con López Rosero y Sneyder Pinilla el incremento del precio de la cotización de la orden de proveeduría para cubrir el pago de la coima. Estableció con otros funcionarios de la UNGRD la suscripción de las actas donde simuló escoger aleatoriamente de la lista de proveedores de la Subdirección de Manejo de Desastres las empresas invitadas a cotizar escogiendo a las acordadas por López Rosero”, señaló la fiscal del caso durante la extensa imputación de cargos.

En esta “empresa criminal”- indicó- participaron además el entonces subdirector para el Conocimiento del Riesgo, Luis Carlos Barreto Gantiva -quien ya se encuentra privado de su libertad- el director del Departamento Función Pública, César Manrique Soacha, así como un grupo de empresarios.

“Usted, señor Pedro, pactó con Luis Eduardo López Rosero el pago de mil millones de pesos por el direccionamiento de la orden de proveeduría (...) para la adquisición de 40 vehículos tipo carrotanque para una de las empresas del señor López Rosero”, complementó la fiscal delegada en esa oportunidad.

Preacuerdos UNGRD
El exdirector de la UNGRD, Olmedo López; su asesor jurídico, Pedro Rodríguez Melo; , Luis Eduardo López Rosero, el contratista que a cambio de coimas se quedó con el contrato de los carrotanques; Luis Carlos Barreto, el exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, quien trató de salir del problema con otro soborno, fue descubierto, y no le quedó más remedio que confesar; y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quien con sus confesiones abrió la caja de pandora de la “empresa criminal. | Foto: SEMANA

El próximo jueves 6 de febrero la Fiscalía General presentará el escrito de acusación en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.

Sin embargo, en esa diligencia judicial se pondrán de presente los preacuerdos que firmaron a finales del año pasado los dos exdirectivos de la UNGRD, en los que reconocieron su responsabilidad directa, comprometiéndose a declarar en otros procesos, devolver el dinero del que se apropiaron y ofrecer excusas públicas por los daños causados a toda la población.

López y Pinilla, quienes se encuentran privados de su libertad en una guarnición militar desde agosto pasado, pagarían —según quedó establecido en la negociación— una condena de seis años y medio de prisión, así como el reintegro de parte del dinero del que se apropiaron.